El Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó la sala del Senado, el Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, una hoja de ruta que contempla 65 medidas orientadas a prevenir el delito, recuperar el control territorial del Estado y fortalecer a las policías encargadas de proteger a la ciudadanía y así poder devolver la tranquilidad a las familias chilenas.

El análisis de estas propuestas continuará este miércoles 3 de junio en una sesión especial que se realizará entre las 13 y las 15 horas. Esto, debido a que la mayoría del tiempo de la sesión de esta tarde fue utilizada por la exposición del secretario de Estado, por lo que los senadores no tuvieron la posibilidad de plantear sus opiniones, propuestas o reparos.

El Plan contempla una agenda de 39 acciones operativas y 26 proyectos de ley priorizados, organizados en tres ejes y siete focos de gestión, con el fin de combatir el crimen organizado, recuperar barrios y respaldar a las víctimas.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló que “la seguridad también exige un cambio cultural: volver a poner del lado correcto a las víctimas, a las familias honestas y a las policías. Durante demasiado tiempo se normalizó la impunidad y se relativizó el respeto a la ley. Nosotros vamos a hacer lo contrario: respaldar a quienes cumplen, perseguir a quienes delinquen y poner al Estado a trabajar con decisión, coordinación y presencia en terreno”.

El primer eje del Plan Operativo de Seguridad Pública está enfocado en la prevención que busca llegar antes que el delito a través de programas de prevención focalizados, fortalecimiento de la atención a víctimas y protección de niños y adolescentes vulnerables al reclutamiento por organizaciones criminales.

El segundo eje, que contiene el mayor despliegue operativo, apunta a recuperar el control territorial en fronteras, rutas, barrios, cárceles, puertos y zonas donde el crimen organizado ha ganado espacio, mediante una estrategia basada en la intervención operativa, la presencia permanente del Estado y la coordinación de Fuerzas de Tarea especializadas.

El tercer eje busca fortalecer las capacidades del Estado, aumentando la dotación policial, modernizando los sistemas de inteligencia, fortaleciendo la coordinación institucional y consolidando una sola línea de mando para el Sistema de Seguridad Pública.

Entre las iniciativas más relevantes destacan:

Recuperación de barrios y espacios públicos

El Gobierno intervendrá 50 barrios prioritarios, comenzando con 20 polígonos operativos durante 2026, mediante patrullaje preventivo focalizado, recuperación de espacios públicos y coordinación con municipios y policías.

Golpe al crimen organizado

Por primera vez, el Ministerio coordinará siete Fuerzas de Tarea especializadas para enfrentar fenómenos como secuestros, sicariato, narcotráfico, ciberdelitos, lavado de activos, violencia rural organizada y contrabando. El foco estará puesto en perseguir las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones criminales.

Protección de niños y víctimas

El Programa Lazos será fortalecido y ampliado a 90 comunas para prevenir el reclutamiento criminal de menores de edad. Paralelamente, se reforzará el Sistema de Atención a Víctimas para asegurar apoyo psicológico, social y jurídico a quienes han sufrido delitos violentos.

Fronteras más seguras

El Plan Escudo Fronterizo incorporará biometría en los principales pasos fronterizos y fortalecerá el control marítimo y portuario para impedir el ingreso de drogas y armas. Además, se implementará escaneo de carga en los puertos de San Antonio y Valparaíso.

Cárceles bajo control del Estado

El plan contempla módulos de máxima seguridad, bloqueo total de señales telefónicas y fortalecimiento del control penitenciario para impedir que organizaciones criminales continúen sembrando el miedo y cometiendo delitos desde el interior de los recintos penitenciarios.

Más respaldo para las policías

La estrategia incluye la modernización de las carreras funcionarias de Carabineros, PDI y Gendarmería, el fortalecimiento de la formación policial y el respaldo jurídico al uso legítimo de la fuerza, con el objetivo de recuperar dotación y fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de combatir el delito.

Asimismo, el Plan incorpora además una agenda legislativa de 26 proyectos de Ley priorizados, entre ellos la ampliación del plazo de flagrancia, el juicio oral en ausencia para delincuentes prófugos, nuevas herramientas contra el crimen organizado, la modernización de Carabineros y una nueva Ley Orgánica de Gendarmería.

“El desafío es enorme, pero también lo es nuestra convicción y determinación. La libertad vuelve de la mano de la seguridad, y la seguridad vuelve de la mano de un Estado que decidió recuperar el control”, concluyó el ministro Arrau.