La seguridad en los colegios se instaló como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Un nuevo estudio del GPS Ciudadano de Datavoz revela que un 83,5% de las personas está de acuerdo con aumentar el control y la seguridad en los establecimientos educacionales, aunque eso implique restringir algunas libertades estudiantiles. Solo un 16,3% prioriza proteger derechos y libertades aun cuando exista menos control.

La investigación se realizó tras los recientes episodios de violencia escolar registrados en distintos puntos del país y buscó indagar cómo la ciudadanía enfrenta hoy la tensión entre convivencia, autoridad, derechos y seguridad dentro de las comunidades educativas.

“El estudio muestra que hoy existe una demanda muy fuerte por recuperar la capacidad de poner límites dentro de los establecimientos educacionales. Más que una discusión ideológica, lo que aparece es una preocupación concreta y real por mantener condiciones mínimas de convivencia y seguridad”, señala Jorge Fábrega, socio director en Tendencias Sociales de Datavoz.

Los resultados muestran un amplio respaldo a distintas medidas de control. La más apoyada es aumentar las penas por delitos cometidos contra personas o bienes en contextos educativos, con un 87,6% de acuerdo. Le siguen entregar mayores atribuciones a los docentes para resguardar el orden y la convivencia escolar, prohibir vestimenta o accesorios asociados a violencia o delitos y revisar mochilas y pertenencias al ingreso de los establecimientos.

La disposición a aceptar este tipo de medidas atraviesa distintos grupos sociales, aunque con diferencias importantes. El respaldo a la revisión de mochilas, por ejemplo, alcanza cerca del 89% en grupos socioeconómicos bajos, alrededor de 80% en sectores medios y baja a cerca de 60% en sectores altos.

Según el análisis de Datavoz, esto sugiere que la percepción sobre seguridad escolar está estrechamente vinculada a la experiencia cotidiana de las personas y al nivel de exposición a situaciones de conflicto dentro de los establecimientos.

“Las personas que conviven más directamente con la realidad escolar son justamente quienes apoyan con mayor fuerza medidas de control y sanción. Eso sugiere que estas opiniones no nacen desde posiciones abstractas sobre autoridad, sino también desde experiencias cotidianas marcadas por la percepción de desorden o inseguridad”, agrega Fábrega.

El estudio también muestra diferencias respecto de quién debería ejercer esa autoridad. Frente a la posibilidad de revisar mochilas, un 33,7% cree que la tarea debería recaer en personal de orden y seguridad, mientras un 32,4% apunta a profesores o funcionarios del establecimiento. Solo un 26,2% considera que esa responsabilidad debería estar principalmente en padres o apoderados.

Otro dato relevante aparece en los hogares con estudiantes. Entre quienes conviven con escolares aumenta el apoyo a medidas sancionatorias más severas. Por ejemplo, quitar la gratuidad en educación superior a personas con condenas graves obtiene un 84,1% de respaldo en hogares con estudiantes, mientras baja a 70,1% entre quienes no tienen menores en edad escolar.

Para Datavoz, el fenómeno refleja una discusión más profunda sobre autoridad y capacidad institucional en Chile. El informe sostiene que lo que hoy ocurre en las escuelas funciona también como una señal de tensiones más amplias presentes en la sociedad chilena: derechos versus control, convivencia versus sanción y experiencia cotidiana versus principios generales.

La encuesta corresponde a un estudio cuantitativo no probabilístico realizado vía online entre el 18 y el 23 de abril de 2026. Consideró 1.212 entrevistas web a personas mayores de 18 años residentes en Chile.