Hace semanas advertimos que un ajuste de esta magnitud tensionaría gravemente la operación del sistema público de salud. Hoy, tras conocerse el contenido del Decreto 333 y las rebajas aplicadas a hospitales de alta complejidad y líneas sensibles como APS, Prestaciones Institucionales y financiamiento GRD, resulta legítimo preguntarse cómo espera el Gobierno sostener la gestión clínica sin impactos sobre la red asistencial.

Las 12.000 enfermeras y enfermeros de hospitales organizadas en FENASENF, desde Arica a Magallanes, conocemos directamente la realidad operacional de la red: equipos sobreexigidos, listas de espera, déficit de personal y establecimientos funcionando bajo condiciones de enorme exigencia.

Por eso, cuando los ajustes se concentran precisamente en áreas vinculadas al funcionamiento hospitalario, la preocupación deja de ser solo presupuestaria y pasa también a ser sanitaria, porque estos recortes profundizan una tensión ya existente y terminan impactando a pacientes y equipos de salud. A más de 60 días de iniciado el Gobierno, y luego de semanas marcadas por anuncios de ajustes presupuestarios que comenzaron con una proyección cercana al 3% y posteriormente fueron recalculados en torno al 2,5%, el Ministerio de Salud convocó recién ayer a los gremios a un primer espacio formal de diálogo. Durante la reunión, la autoridad sostuvo que el proceso responde a criterios de “evaluación” y “eficiencia del gasto”, afirmando que estos ajustes “no afectan la atención de los pacientes”. Sin embargo, creemos necesario advertir que la realidad cotidiana de la red pública muestra un escenario mucho más frágil y exigido de lo que muchas veces reflejan las proyecciones administrativas.

Precisamente por eso, como FENASENF reiteramos nuestro rechazo a medidas presupuestarias que profundicen el deterioro de la red pública y afecten tanto a pacientes como a los equipos que sostienen diariamente la atención hospitalaria en el país.

La eficiencia y optimización del sistema son objetivos necesarios, pero deben construirse incorporando la experiencia de quienes conocen directamente la realidad asistencial y evaluando siempre su impacto sobre la continuidad de los cuidados, la atención oportuna y la seguridad de las personas que dependen del sistema público.