La diputada IND-UDI por Tarapacá, Ximena Naranjo, junto al diputado UDI e integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretton, manifestaron su preocupación por la decisión del Tribunal de Garantía de Iquique que permitió el retorno del denominado Clan Chen a la cárcel de Alto Hospicio, luego de acoger un recurso relacionado con las garantías de los imputados.
Los parlamentarios advirtieron que esta resolución genera una señal preocupante en la lucha contra el crimen organizado y señalaron que “si los tribunales siguen acogiendo recursos para que bandas de crimen organizado vuelvan a cárceles inseguras, no existe plan de seguridad que resulte”.
Naranjo destacó que el Estado ha impulsado recintos penitenciarios de alta seguridad precisamente para aislar a los delincuentes de mayor peligrosidad y evitar que continúen operando desde las cárceles.
“Se ha avanzado en contar con recintos penitenciarios de alta seguridad, con las condiciones necesarias para impedir que bandas criminales sigan controlando o coordinando sus actividades delictuales desde las cárceles. Por eso resulta contradictorio que, mientras se busca fortalecer esta estrategia, decisiones judiciales terminen permitiendo el regreso de integrantes de organizaciones criminales a recintos donde existe mayor riesgo de que mantengan sus redes”, señaló.
Por su parte, el diputado Eduardo Cretton sostuvo que la lucha contra el crimen organizado requiere que todas las instituciones actúen con un mismo objetivo y advirtió sobre las consecuencias que pueden tener decisiones que dificulten el aislamiento de los líderes de estas organizaciones.
“Estamos hablando de bandas que han demostrado tener capacidad para seguir operando y coordinando delitos desde los propios recintos penitenciarios. Por eso, las medidas de seguridad deben ser proporcionales al nivel de peligrosidad de estas organizaciones. No podemos permitir que quienes representan una amenaza para la seguridad de los chilenos recuperen espacios para seguir articulando sus redes criminales”, afirmó.
Los parlamentarios agregaron que existe una “colisión de intereses” que debe ser abordada con responsabilidad por todos los poderes del Estado.
“Mientras el Gobierno busca dar una lucha frontal y eficaz contra el crimen organizado, estas decisiones judiciales pueden ir en sentido contrario. No se trata de desconocer las garantías que corresponden a toda persona, sino de entender que estamos frente a organizaciones criminales de alta peligrosidad que requieren medidas especiales de seguridad para proteger a la población”, señalaron.
Finalmente, los diputados Ximena Naranjo y Eduardo Cretton enfatizaron que la lucha contra el crimen organizado requiere una acción coordinada y coherente de todas las instituciones.
“No hay plan, ley ni medida de seguridad que sirva si mientras el Estado enfrenta a la delincuencia, desde otras instituciones se toman decisiones que terminan favoreciendo el retorno de integrantes de estas bandas a cárceles donde pueden recuperar capacidad de acción. Tarapacá necesita que el Estado actúe con una sola dirección y con la máxima firmeza frente al crimen organizado”, concluyeron.