Tras la votación en particular del proyecto que modifica la ley 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa, el Senado despachó el texto a tercer trámite constitucional.
Cabe recordar que la norma fue analizada previamente por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, instancia que propuso una serie de enmiendas en orden a fortalecer el objetivo del texto legal.
Esto es, para fortalecer y agilizar los procedimientos administrativos de expulsión de personas extranjeras en situación migratoria irregular, perfeccionar los mecanismos de control de tales medidas y la adecuación de las reglas procesales destinadas a asegurar su cumplimento efectivo.
Durante el debate intervinieron las y los senadores Claudia Pascual, Andrés Longton y Renzo Trisotti.
Se hicieron notar aspectos técnicos, “que aún pueden ser perfeccionados” y se registró un debate sobre la gestión migratoria del gobierno anterior y del actual.
Además, se puso en evidencia la realidad de las regiones del norte del país, con ingresos irregulares “que tensionan a los servicios públicos, incrementan el crimen organizado y golpean la calidad de vida de miles de familias”.
Sala de sesiones
El proyecto incluye, entre otros, la facultad de solicitar órdenes judiciales para registrar domicilios, la reducción de plazos para recursos legales y la simplificación de las notificaciones policiales.
Adicionalmente, propone una nueva causal al incorpora la «grave afectación al orden público» como motivo para que el Subsecretario del Interior disponga una expulsión administrativa.
En otro orden, se permite sustituir la pena de cárcel por expulsión en casos de primera infracción por microtráfico (artículo 4° de la Ley N° 20.000).