La presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció una ofensiva legislativa y solicitó antecedentes al ministro de Justicia tras conocerse el otorgamiento de beneficios a condenados por delitos sexuales. La senadora RN impulsa un proyecto para eliminar la excepción que permite acceder a rebajas de condena por comportamiento sobresaliente a responsables de determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Núñez afirmó que “las leyes deben proteger a las personas más vulnerables. Detrás de estos delitos hay víctimas y familias que viven con sus consecuencias. Por eso estamos actuando en dos frentes: esclarecer cómo se otorgaron estos beneficios y corregir la normativa para cerrar la excepción que permite estas rebajas”.
Precisó que “como presidenta del Senado, he oficiado al ministro de Justicia para conocer cómo se adoptó esta decisión. Necesitamos saber qué antecedentes se tuvieron a la vista, qué normas se aplicaron y cómo se verificó el cumplimiento de los requisitos”.
Junto con valorar las iniciativas anunciadas desde la Cámara de Diputados, Núñez explicó que la propuesta impulsada en el Senado modifica la Ley N.º 19.856, que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente.
Al respecto, dijo que “esta normativa ya excluye a los condenados por determinados delitos sexuales contra menores, pero mantiene una excepción cuando en la sentencia se aplica el artículo 73 del Código Penal, referido a una eximente incompleta. El proyecto elimina esa excepción: conserva los efectos de dicha circunstancia al fijar judicialmente la pena, pero impide que permita acceder posteriormente a una rebaja por comportamiento sobresaliente.”
Añadió que “la ley estableció una prohibición, pero dejó una excepción que proponemos eliminar. Queremos que, para los delitos comprendidos en este proyecto, esa circunstancia no vuelva a habilitar una reducción de condena. La protección de los niños exige una respuesta firme y jurídicamente clara”.
La iniciativa también fortalece las exigencias para conceder las reducciones reguladas por esta ley. Por lo pronto, las calificaciones deberán explicar los antecedentes que las sustentan y cómo se ponderaron los informes contradictorios relevantes. La decisión que otorgue el beneficio deberá permitir verificar el cumplimiento de los requisitos, las prohibiciones aplicables y el cálculo exacto de la rebaja.
La presidenta del Senado manifestó su disposición a promover una pronta tramitación y sostuvo que la ausencia de una urgencia del Ejecutivo no debe impedir que el Congreso avance. En esa línea, aseguró que “vamos a trabajar para que este proyecto tenga prioridad y se tramite con celeridad. Valoro los esfuerzos de otros parlamentarios y espero que construyamos un acuerdo transversal. La protección de la infancia y el respeto a las víctimas deben convocarnos a todos”, expresó.
La eliminación de la excepción se aplicará a delitos cometidos desde la publicación de la ley. Las nuevas exigencias de fundamentación regirán transcurridos sesenta días, respetando las reglas aplicables a hechos anteriores.