La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó su preocupación por la persistente incertidumbre en torno a la implementación de la Ley N° 21.553, que regula a las Empresas de Aplicación de Transportes, así como por las señales contradictorias emitidas por distintos gobiernos respecto de su reglamento.

Para ODECU, la discusión no debe girar en torno a los intereses de la industria, sino a una pregunta central: qué marco regulatorio protege de mejor manera a las personas consumidoras que utilizan estas plataformas en su vida cotidiana. Esto implica compatibilizar seguridad, transparencia, cobertura, competencia efectiva y resguardo de los datos personales.

En ese contexto, ODECU valoró que la ley vigente incorpore avances relevantes, entre ellos el reconocimiento de las plataformas como empresas de transporte, la imputación de responsabilidad frente a fallas del servicio, la exigencia de estándares mínimos de información y seguridad, así como la aplicación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

“Las personas consumidoras no pueden seguir atrapadas entre la presión de las plataformas y la disputa política. Chile necesita una regulación que salga del limbo, pero que lo haga sin sacrificar seguridad, transparencia, privacidad ni acceso equitativo al servicio”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU.

No obstante, ODECU advirtió que la demora en la dictación del reglamento ha prolongado un escenario de indefinición que afecta directamente a las personas usuarias, debilitando la certeza respecto de las condiciones en que se presta el servicio.

Asimismo, ODECU enfatizó que cualquier ajuste al reglamento debe fundarse en criterios técnicos y evidencia verificable, evitando que eventuales modificaciones terminen erosionando derechos en función de presiones sectoriales.

Entre los aspectos que no admiten retrocesos, ODECU destacó la necesidad de garantizar información previa y clara sobre tarifas, sin cobros sorpresivos; identificación verificable del conductor y del vehículo; monitoreo del viaje con canales eficaces de emergencia; y la posibilidad de cancelar sin costo ante inconsistencias entre la información entregada por la aplicación y el servicio efectivamente prestado.

“Una regulación moderna no puede construirse a costa de debilitar estándares básicos. La información clara, la seguridad del viaje y la posibilidad de reclamar frente a incumplimientos son condiciones mínimas que deben resguardarse en todo momento”, agregó Stefan Larenas Riobó.

ODECU advirtió, además, que el debate regulatorio no puede omitir la protección de los datos personales, considerando el tratamiento intensivo de información sobre recorridos, horarios y patrones de movilidad. En este ámbito, planteó la necesidad de establecer exigencias robustas en materia de seguridad de la información, trazabilidad de accesos y límites en su uso.

Finalmente, ODECU llamó al Ejecutivo a definir un plazo claro para la implementación del régimen, asegurar que no se rebajen los estándares de protección, fundamentar adecuadamente cualquier modificación y garantizar la participación efectiva de las organizaciones de consumidores en el proceso.