El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) envió hoy una misiva al embajador de Turquía en Chile, Ahmet İhsan Kızıltan, donde expresó “nuestra máxima preocupación y rechazo ante la creciente adopción de medidas por parte del Gobierno del Presidente Recep Tayyip Erdoğan que afectan los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ y, particularmente, el trabajo de las organizaciones y personas defensoras de los derechos de la diversidad sexual y de género”.

La reacción del Movilh tuvo lugar  a raíz de las operaciones policiales y judiciales desplegadas durante los últimos días en Turquía bajo la denominación  “Mi familia está a salvo». Según ha informado el propio Ministerio de Justicia de Turquía, las acciones abarcan 15 provincias y contemplan procedimientos judiciales contra 162 personas, 9 asociaciones y 13 establecimientos.

“Si bien las autoridades sostienen que estas acciones buscan proteger a niños, familias y el orden social, resulta particularmente preocupante que, en la práctica, organizaciones LGBTIQ+, activistas, espacios frecuentados por personas LGBTIQ+ y entidades vinculadas a la defensa de derechos humanos hayan sido objeto de allanamientos, detenciones, investigaciones y restricciones”, señaló el Movilh

En efecto, durante el pasado 13 de septiembre se produjeron redadas simultáneas en distintas ciudades, entre ellas Estambul, Ankara e Izmir, incluyendo allanamientos a oficinas de organizaciones, domicilios de activistas y establecimientos que constituyen espacios de encuentro y protección para personas LGBTIQ+.

En paralelo, organizaciones LGBTIQ+ de Turquía han denunciado que integrantes y activistas vinculados a su trabajo fueron detenidos o quedaron sometidos a procedimientos judiciales. Asimismo, se han reportado bloqueos de sitios web y cuentas en redes sociales pertenecientes a organizaciones y personas defensoras de los derechos LGBTIQ+.

En carta a la embajada, el Movilh sostuvo que “las autoridades  de su país han utilizado acusaciones relacionadas con la producción o difusión de supuesto contenido obsceno, la exposición de menores a dicho contenido y la facilitación de la prostitución para fundamentar las investigaciones. Nos preocupa profundamente que estas imputaciones puedan terminar siendo utilizadas de manera amplia o desproporcionada para criminalizar el trabajo de organizaciones de derechos humanos, estigmatizar a las personas LGBTIQ+ o restringir injustificadamente la libertad de expresión, asociación y reunión”.

El Movilh “considera especialmente grave que la protección de la infancia y de las familias; objetivo que nadie podría cuestionar en sí mismo; pueda ser invocada para justificar medidas que terminen afectando derechos fundamentales de personas por su orientación sexual o identidad de género, o que dificulten el legítimo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”, añadió

“La protección de la familia no puede convertirse en una justificación para perseguir a quienes defienden derechos humanos. La protección de niños y niñas tampoco puede confundirse con la censura de la diversidad sexual y de género ni con la estigmatización de las personas LGBTIQ+”, redondeó el Movilh.

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo fueron despenalizadas  1858 y Turquía permite desde 1988 determinadas modificaciones legales vinculadas al cambio de género. “Sin embargo, la legalidad formal de las relaciones entre personas del mismo sexo o del cambio registral de las personas trans no bastan para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos si, paralelamente, se restringen la libertad de expresión, asociación, reunión y participación de las personas LGBTIQ+ y de quienes defienden sus derechos”, enfatizó el Movilh.

Añadió que “nos preocupa que estas medidas no constituyan hechos aislados. Durante junio y julio pasados se han reportado otras decisiones que afectan a la población LGBTIQ+, entre ellas el bloqueo de cuentas de organizaciones y activistas, restricciones a espacios de encuentro y la prohibición de escalas en Turquía de un crucero con aproximadamente 2.700 pasajeros, mayoritariamente hombres gays.”.

Por todo el Movilh solicitó a la Embajador “trasladar al Gobierno de su país nuestra profunda preocupación y solicitar información oficial respecto de las medidas adoptadas contra organizaciones, activistas y espacios vinculados a la población LGBTIQ+”

En ese sentido , el Movilh solicitó al Gobierno de Turquía que:

«1.- Garantice que ninguna persona sea perseguida, detenida, investigada o sancionada exclusivamente por su orientación sexual, identidad o expresión de género, ni por ejercer legítimamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.

2.- Garantice el debido proceso y el pleno respeto de las garantías judiciales de todas las personas detenidas o investigadas en el marco de estas operaciones, evitando que acusaciones de carácter general sean utilizadas para criminalizar la defensa de los derechos humanos o a las orientaciones sexuales e identidades de género..

3.- Garantice que las organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar su trabajo virtual y presencial sin intimidaciones, represalias ni obstáculos arbitrarios, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos.

4.- Las autoridades se abstengan de utilizar la protección de la familia, la infancia o el orden público como fundamento para adoptar medidas discriminatorias contra personas por su orientación sexual o identidad de género»

“Finalmente, hacemos presente que nuestra preocupación no dice relación con la política interna de Turquía, sino con el respeto universal de los derechos humanos, materia que concierne a todos los Estados y a la comunidad internacional”, concluyó la carta del Movilh.