En relación con el informe de la Contraloría General de la República sobre el proceso del Censo de 2024 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo señala que se trata de hechos graves, ocurridos durante la administración anterior y que deben ser investigados a fondo.
En tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) emitió una declaración en la cual se indica:
El Censo de Población y Vivienda 2024 implicó el despliegue de un proceso nacional de reclutamiento que convocó a más de 400.000 postulantes, así como la selección, contratación y pago de más de 38.000 personas en terreno, desplegadas en 345 comunas, coordinado desde 697 locales censales.
El levantamiento en terreno se desarrolló entre marzo y julio de 2024 y representó un hito institucional, al tratarse de un censo de derecho y del primero en incorporar herramientas digitales de manera transversal en todas las etapas del proceso, incluyendo dispositivos móviles de captura y la modalidad de Censo en Línea.
El 10 de marzo de 2026, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recibió el informe final emitido por la Contraloría General de la República (CGR), respecto de la auditoría realizada a los procesos asociados al Censo de Población y Vivienda 2024, proceso que se inició el 13 de diciembre de 2024.
Como organismo técnico responsable de la producción de las estadísticas oficiales del país, el Instituto analizó en detalle las observaciones contenidas en dicho informe y, además de adoptar las medidas correctivas, conforme a la normativa vigente y a los procedimientos institucionales establecidos para este tipo de procesos, presentó ante el ente de control, con fecha 18 de marzo de 2026, una solicitud de reconsideración legal en relación a determinadas observaciones vinculadas a procedimientos de cobro de multas, censistas sin respaldo para trabajar y arrendamientos.
El Instituto Nacional de Estadísticas adoptó la instrucción inmediata de un sumario administrativo –con fecha 13 de marzo de 2026- en relación con los 16 censistas con antecedentes penales (0,04% del total contratado) además de haber efectuado las denuncias respectivas al Ministerio Público, las cuales se encuentran actualmente en investigación.
En el mismo proceso sumarial, se está investigando, además, la eventual responsabilidad administrativa por la contratación de 14 censistas extranjeros que no habrían estado habilitados para trabajar en el país (0,03% de todas las contrataciones).
La Institución está efectuando un control permanente en relación con las medidas adoptadas, además de su reporte a Contraloría General de la República, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento permanente y continuo de sus procesos, la transparencia en su gestión y el uso responsable de los recursos públicos.