Tener trabajo y un ingreso estable ya no asegura necesariamente la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada y, sobre todo, de sostenerla en el tiempo. El aumento de los arriendos, el precio del suelo, las dificultades de financiamiento y la expansión de las ciudades hacia sectores cada vez más alejados están configurando un escenario en que el problema habitacional va mucho más allá de determinar cuántas viviendas faltan.
Según explicó la investigadora Paula Rodríguez Matta, PhD en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CIEAM UCM, la discusión debe incorporar también la permanencia en la vivienda, su localización y la calidad de vida que ofrece. Una familia puede acceder a una casa, pero si debe destinar una parte excesiva de sus ingresos a mantenerla o recorrer grandes distancias para llegar al trabajo, estudiar, atenderse o cuidar a otros, el problema habitacional persiste.
Especialista en estudios urbanos y producción social del espacio, Rodríguez Matta aborda también el crecimiento y transformación de las periferias, las posibilidades que ofrecen las cooperativas de vivienda y la necesidad de volver a pensar de manera integrada vivienda, empleo, transporte, cuidados y servicios.
¿Por qué hoy tener empleo e ingresos estables no garantiza necesariamente poder acceder a una vivienda en Chile?
Porque la asequibilidad no es solo un problema de la distancia entre los salarios y el precio de los arriendos o de las viviendas. Esa brecha existe y es importante. Hay una referencia ampliamente utilizada según la cual la vivienda no debería representar más del 30% del ingreso total de un hogar. En Chile esa vara se supera con frecuencia: según la Casen 2024, cuatro de cada diez hogares que arriendan pagan más del 30% de sus ingresos.
Por eso, un sueldo estable tampoco resuelve necesariamente el problema. Una familia puede incluso pagar ese porcentaje y vivir sin contrato, con riesgo de desalojo, a horas de su trabajo o lejos de sus redes de apoyo.
Acceder a una vivienda es una parte del problema. La otra es poder permanecer en ella sin tener que sacrificar otros aspectos fundamentales de la vida o comprometer el desarrollo de las siguientes generaciones.
Entonces, ¿estamos frente a un déficit de viviendas o ante un problema más profundo?
Ambas cosas, pero lo segundo es cada vez más importante. El Censo 2024 estima que en Chile hacen falta 491.904 viviendas. Pero la Casen 2024 también contabiliza 1,2 millones de viviendas que necesitan mejoras, por lo que tenemos un déficit cualitativo muy importante.
Podemos decir que el problema se desplazó de «no tener casa» a «no poder sostenerla» y también a perder vivienda ya construida. Parte del stock de viviendas producido por el Estado se deteriora más rápido de lo que se repone. Tenemos casos como Las Américas, en Talca, con edificios que comenzaron a presentar problemas pocos años después de ser inaugurados y que actualmente están siendo demolidos.
Por eso no basta con construir casas. También tenemos que pensar cómo se mantienen, cómo envejecen y qué calidad de vida ofrecen. Recuperar la función social de la vivienda y del suelo urbano significa volver a poner a las personas y los barrios en el centro de la construcción de las ciudades.
¿Qué consecuencias tiene que las familias trabajadoras deban buscar viviendas cada vez más alejadas de sus trabajos y de los centros urbanos?
Cada kilómetro de distancia entre la vivienda y el trabajo, los colegios o los servicios urbanos se paga en tiempo, tranquilidad, dinero y cuidados. Más horas de traslado significan menos descanso, menos tiempo con los hijos, los amigos y la familia.
Esto se conoce como «asequibilidad erosionada por la localización»: podemos encontrar una vivienda que somos capaces de pagar, pero que debilita nuestro acceso al trabajo, los cuidados y los beneficios de la vida urbana.
Podemos acceder a una vivienda, pero estar alejados de los centros, con problemas para llegar a los servicios, poca infraestructura pública y traslados costosos que consumen una parte importante de nuestros ingresos.
¿Cómo está transformando esta situación las periferias de nuestras ciudades?
De distintas maneras. Cuando el suelo bien ubicado se encarece, la vivienda formal se aleja de los centros tradicionales. Vemos aparecer nuevas poblaciones y conjuntos habitacionales construidos por el Estado o por inmobiliarias, como ocurre hacia el sur de Talca.
Pero también aparece vivienda informal donde es posible instalarla: campamentos, viviendas autoconstruidas o ampliaciones en conjuntos de vivienda social.
De acuerdo con el Catastro de Campamentos 2024-2025 de TECHO, el 80% de las personas consultadas señaló el alto costo del arriendo como principal motivo para irse a vivir a un asentamiento precario. Más de la mitad de las jefaturas de hogar que actualmente viven en campamentos arrendaba anteriormente.
Por lo tanto, en las periferias conviven realidades muy distintas: barrios consolidados, nuevos conjuntos habitacionales y asentamientos precarios con graves problemas sociales y urbanos.
Frente a este escenario, ¿qué alternativa representan las cooperativas de vivienda?
El modelo predominante trata la vivienda como un bien que se compra, vende y revaloriza. La cooperativa la entiende más bien como un bien de uso y como el resultado de una organización colaborativa basada en la ayuda mutua.
En Chile, grupos de personas se organizan para acceder colectivamente a un terreno e iniciar una obra; posteriormente cada socio adquiere la titularidad de su vivienda, manteniendo acuerdos respecto de los espacios comunes.
Tenemos ejemplos en barrios tradicionales de Talca construidos mediante cooperativas. Es muy común escuchar allí a personas decir que tienen «vecinos de toda la vida» y que todos se conocen.
Desde 2025, las cooperativas cerradas de vivienda pueden postular colectivamente a proyectos en terrenos nuevos mediante el subsidio DS49. No están exentas de problemas y conflictos, pero pueden volver a constituirse en una manera de abordar simultáneamente los problemas de vivienda, barrio y vida comunitaria.
¿Qué ventajas puede ofrecer este modelo?
Hay cuatro dimensiones importantes. En costos, se evita el margen del desarrollador y se comparte la gestión, lo que puede generar ahorros y permitir mayor superficie construida. En organización comunitaria, las familias se conocen y toman decisiones conjuntamente desde el comienzo. En seguridad habitacional, algunos modelos cooperativos permiten una mayor protección frente a los vaivenes del mercado. Y, en calidad de vida, permiten diseñar espacios comunes y de cuidado junto con quienes efectivamente los utilizarán.
Además, existen otras formas de cooperación, como el cohousing o vivienda colaborativa, que combina viviendas privadas con espacios compartidos: cocinas, lavanderías, huertos o lugares de encuentro. Hay experiencias orientadas a mujeres, personas mayores e incluso proyectos intergeneracionales.
No es una solución mágica. Exige tiempo, aprender a trabajar colectivamente y superar diferencias. Las cooperativas necesitan asistencia técnica, apoyo y financiamiento.
¿Qué necesitamos para que las cooperativas puedan transformarse en una alternativa de mayor escala en Chile?
Principalmente cuatro condiciones: suelo, financiamiento de largo plazo, asistencia técnica y protección de aquello que corresponde a propiedad colectiva en los modelos que optan por ella.
Un referente latinoamericano importante es Uruguay. Chile llegó antes en términos legales, pero Uruguay logró institucionalizar las cooperativas de ayuda mutua mediante financiamiento y una organización que permitió dar continuidad al modelo.
También resulta interesante Viena, donde existe una participación muy importante de vivienda municipal, subvencionada, cooperativa y de asociaciones sin fines de lucro. Lo que estas experiencias enseñan no es que tengamos que copiar un modelo, sino que es posible generar vivienda asequible a gran escala cuando existe suelo público, financiamiento estable y un papel reconocido para las cooperativas.
En Chile ya existen avances normativos y el Ministerio de Vivienda trabaja en una política cooperativa. El desafío es convertirla en una línea estable y de escala.
¿Debemos entonces cambiar también la manera en que planificamos nuestras ciudades?
Sí. La pregunta de fondo es para quién y para qué planificamos. Una ciudad pensada solamente para mover automóviles y ordenar el negocio del suelo termina expulsando a quienes la hacen funcionar: trabajadores, personas mayores, niños, personas con discapacidad y mujeres que realizan labores de cuidado.
Planificar para las personas significa preguntarnos cuánto demoramos en llegar al trabajo, la escuela, el consultorio o la feria; quién cuida a quién y qué desplazamientos debemos realizar diariamente.
De ahí surge también la idea de la «ciudad de 15 minutos»: que aquello que necesitamos cotidianamente -vivienda, escuela, salud, comercio, áreas verdes y, cuando sea posible, trabajo- pueda encontrarse a una distancia cercana. No significa encerrar a las personas en sus barrios, sino garantizar la proximidad y permitir que cada persona pueda elegir.
En la práctica, vincular vivienda, empleo, transporte, cuidados, servicios, ocio y descanso implica utilizar mejor el suelo público bien ubicado, densificar con criterio las áreas consolidadas y lograr que todos podamos sentirnos parte de nuestra ciudad.