La Sala despachó a ley el proyecto que fortalece la institucionalidad municipal, en materia de seguridad pública y prevención del delito (boletín 18525), tras aprobar las modificaciones del Senado al texto.

La propuesta actualiza la ley 21.802, para permitir su adecuada y coherente implementación, con el objeto de asegurar que los estándares de la prestación del servicio de seguridad pública y prevención del delito, realizado por las municipalidades, mejore sustantivamente y sea efectivamente realizado.

La norma aprobada contempla la autorización a los municipios para destinar hasta el 5% de sus ingresos propios del año anterior para contratar inspectores de seguridad municipal.

Adicionalmente, se repuso la propuesta previa de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, que les permite, con la autorización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), destinar hasta un 15% para dichas contrataciones y hasta un 25%, con la visación adicional de la Dirección de Presupuestos. Para ello, se considerarán elementos como ser capital regional, extensión del territorio de la comuna, tamaño de la población residente o flotante y condiciones sociodelictuales.

Otro punto añadido en el Senado es que la evaluación de la idoneidad física de los postulantes a inspectores podrá ser realizada no solo en establecimientos de salud públicos y privados, sino también por las mutuales de seguridad.

Respecto del funcionamiento de los vehículos de seguridad, el proyecto permite a los conductores de vehículos que cumplen funciones de seguridad municipal poseer licencia no profesional de acuerdo a las características del vehículo, con una antigüedad mínima de tres años.

Debate parlamentario

En el debate en Sala, mayoritariamente, se manifestaron opiniones a favor del proyecto por la reposición de los porcentajes de recursos que los municipios podrán destinar a seguridad municipal.

Sin embargo, también hubo discursos cruzados respecto de que la seguridad no puede depender de los recursos que cada municipalidad tiene. Asimismo, se cuestionó que el proyecto no incluya recursos frescos, entregando toda la carga y responsabilidad a los municipios.

Otro punto planteado es que esta ley debe ir acompañada de capacitación y coordinación con las policías. En dicha línea, se advirtió la preocupación por el número de inspectores que podrían ser contratados (de 15 mil a 20 mil plazas), sin que existan mayores requisitos de competencias para desempeñar funciones de seguridad.