Mañana miércoles el Gobierno ingresará al Congreso Nacional un proyecto de ley -con suma urgencia- que autoriza a contraer obligaciones por hasta US$6.200 millones durante el ejercicio 2026, autorización que es adicional e independiente de la contemplada en la Ley de Presupuestos de este año y que busca adecuar el financiamiento de las necesidades identificadas tras la actualización del escenario fiscal presentada en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026.
Al respecto, el abogado y académico de la Universidad de Santiago (Usach) y socio internacional de SW Chile, Mauricio Benítez, dijo que “la propuesta de deuda adicional tiene pros y contras porque necesitamos cubrir precisamente el déficit del gasto público proyectado en la ley de Presupuesto, y eso es una realidad. Sin embargo, esto no puede ser una medida a largo plazo ni convertirse en solución estructural, es solo a corto plazo”.
“Vemos que lo planteado es necesario para cumplir con los compromisos, y sostener la operación del Estado. Sin embargo, esto tiene que ser acompañado con recorte de gasto, mejora en la disciplina fiscal, eficiencia en la recaudación y en la simplicidad de nuestro régimen tributario”, apuntó el experto.
Benítez sentenció que “es importante que entendamos que no es solo emitir deuda, dado que al endeudarnos vamos a pasar a casi a un 43% del PIB. Hay muchos costos financieros involucrados por el pago de intereses y depender del financiamiento externo. Por lo mismo, no es una medida que debe ser a largo plazo, sino contingencial para cubrir precisamente esa deuda pública que nos hemos enterado que es superior a lo previsto”.
Recordemos que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó que había un déficit proyectado para este año de 2,4% que excede el 1,5% que se hizo en la ley de Presupuestos el año pasado. Esa diferencia más el efecto del tipo de cambio dejó una necesidad de US$4.700 millones y para cumplir con los compromisos del Estado se adicionan US$1.500 millones y eso suma US$6.200 millones”.