Las medidas del nuevo Estado de Excepción que mayor respaldo concitan son requisar bienes asociados a bandas de crimen organizado o terroristas (88%) y permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros (78%). En cambio, las que menos apoyo reciben son la interceptación de comunicaciones (46%), restringir temporalmente la libertad de tránsito (40%) y limitar la libertad de reunión (27%).
En tanto, el 85% supo que el Presidente Kast ingresó al Congreso una reforma constitucional que busca ampliar las herramientas del Estado contra el crimen organizado. 50% se muestra de acuerdo con la iniciativa y 39% está en desacuerdo. Entre los identificados con la derecha el acuerdo llega a 78%, en el centro a 58%, mientras en la izquierda el 71% está en desacuerdo.
Ahora bien, el 51% cree que no es necesario hacer una reforma a la Constitución, porque el Estado ya tiene las herramientas suficientes. En cambio, 43% opina lo contrario.
Respecto a las propuestas contenidas en la reforma, 89% está de acuerdo con que personas condenadas por delitos de crimen organizado queden inhabilitadas permanentemente para ejercer funciones o cargos públicos, 81% con incorporar la seguridad pública como deber del Estado, 80% con que personas condenadas por delitos de crimen organizado tengan restricciones por 15 años para acceder a penas sustitutivas, 74% con establecer un régimen penitenciario especial para personas condenadas y 72% con la creación de un registro de organizaciones criminales.
Además, 66% está de acuerdo con las inhabilidades o restricciones a prestaciones en pensiones, 58% con las inhabilidades o restricciones en educación y 54% con las inhabilidades y restricciones en salud. El 53% está de acuerdo con que el Presidente tenga la facultad de declarar a una agrupación como una organización terrorista o de crimen organizado previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional y con aprobación del Senado.
Asimismo, el 45% considera que se debe buscar un equilibrio entre seguridad y libertad, 35% piensa que es necesario priorizar la seguridad, aunque implique restringir algunas libertades, y 17% cree que las libertades de las personas deben protegerse incluso si eso limita las herramientas disponibles para enfrentar la delincuencia.
Por su parte, en la tercera semana de agosto, 39% (-2pts) aprueba la gestión del Presidente Kast y 56% (+3pts) la desaprueba.