Su “satisfacción” manifestaron los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, Paz Charpentier, Claudia Reyes y Sebastián Zamora, a la respuesta de la Dirección de Educación Pública (DEP) respecto del oficio enviado el pasado 19 de mayo, donde los legisladores acusaron irregularidades en los procesos de concurso público para cargos de planta y contrata de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de Talagante, La Quebrada, Del Reloncaví, Los Copihues, Los Cerezos, Del Litoral, Hanga Roa, Chacabuco y Los Viñedos.

En concreto, los parlamentarios solicitaron información respecto a que los concursos se estarían desarrollando únicamente respecto de cargos de planta, excluyendo de dichos procesos los cargos a contrata, los cuales estarían siendo provistos mediante mecanismos distintos, contraviniendo el artículo trigésimo octavo transitorio de la Ley 21.040.

Ante esta situación, la DEP confirmó que los concursos iniciados durante el año 2025, bajo la administración anterior, no se ajustaron a derecho siendo objetados por la Contraloría General de la República, quedando suspendidos y se instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades por estos errores en los procesos concursales.

Tras recibir la respuesta, Charpentier señaló que a su juicio es “al menos llamativo que, justo cuando se acercaba el cambio de gobierno, se optara por un mecanismo que otorgaba un mayor margen de discrecionalidad para las contrataciones que el previsto en el diseño legal. Esa decisión terminó siendo objetada por la Contraloría y, por tanto, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones”.

”Más allá de las motivaciones que pudo haber tenido el gobierno anterior, lo cierto es que esta forma de implementar los SLEP terminó afectando la igualdad de oportunidades de cientos de trabajadores de la Educación y debilitando el mérito como criterio de selección. Y cuando el mérito se debilita, también se reduce la posibilidad de contar con los mejores equipos posibles para sacar adelante la educación pública. Ese mecanismo, que no se ajustó a Derecho, hoy se está corrigiendo”, subrayó Charpentier.

En tanto, Moreno acusó que estos procesos suspendidos “dan luces de un aparente amarre de cargos públicos a personas afines al gobierno anterior, es decir, dejar a personas ‘apernadas’ para dejarlas con trabajo en el aparataje público, sin siquiera saber si cumplen con la idoneidad del puesto al que están postulando. En pocas palabras, eso significaba perpetuar el amiguismo que caracterizó la administración del ex presidente  Gabriel Boric en lo que se trata la administración del Estado”.

Una posición muy similar a la de Reyes, quien lamentó que las irregularidades detectadas “no sólo contravienen la Ley, sino que también eran  básicamente contratar a dedo a personas de una determinada ideología política, en cargos de suma importancia en el área de la Educación, pero obviando las contratas, que en términos prácticos, son renovadas año a año, lo que no les aseguraba a los suyos tener un trabajo permanente en el Estado”.

Finalmente, Zamora valoró que se hayan “invalidado los concursos que no se ajustaban al marco jurídico vigente para adecuarlos a la normativa y de esa forma, se asegure que el traspaso de los establecimientos educativos se realice sobre bases administrativas sólidas, corrigiendo situaciones contrarias a la Ley antes de que entren en régimen”, junto con destacar “la suspensión las contrataciones, mientras se analizan las decisiones sobre los concursos cerrados y su impacto en el poblamiento de los servicios”.