La Bancada de Diputados del Partido Republicano impulsará la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) para indagar la inmigración de ciudadanos haitianos desde 2014, con particular atención en los casos de  menores y en las eventuales vulneraciones a sus derechos fundamentales.

La denuncia que motivó la medida fue presentada esta semana ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte y surgió tras un reportaje de Radio Biobío sobre los vuelos chárter procedentes de Haití en 2025 bajo la figura de reunificación familiar.

El Servicio detectó que al menos 12 adultos —chilenos y extranjeros— ingresaron de forma reiterada al territorio nacional como supuestos responsables de grupos de entre dos y 18 niños, pese a no tener vínculos familiares con ellos, ni las autorizaciones que exige la Ley de Migración y Extranjería. Estima que lo detectado podría configurar el delito de tráfico ilícito de migrantes, tipificado en el artículo 411 bis del Código Penal.

En ese sentido, el jefe de bancada del Partido Republicano, diputado Benjamín Moreno, explicó que la idea es “conocer todos los antecedentes e ir esclareciendo lo ocurrido respecto a la inmigración, muchas veces ilegal, de ciudadanos haitianos. Vamos a extender el periodo de esta investigación desde 2014, en el gobierno de la ex presidenta Bachelet hasta la fecha, porque creemos que hay un patrón y una conducta que se repite año a año y que está mucho más arraigada de lo que se ve a simple vista».

En este sentido, el parlamentario apeló a un trabajo conjunto con otras colectividades, señalando que “estaríamos muy conformes si se suman muchas bancadas; no solo las necesitamos, sino que queremos que esto sea algo transversal para que tenga buen resultado”.

“Acá hay acusaciones graves sobre menores de edad y sobre ciudadanos cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados, por lo que es de suma importancia que sea una comisión transversal», agregó.

En tanto, el diputado Republicano José Carlos Meza, representante del Distrito 9, manifestó su consternación por la situación.

«Al igual que la inmensa mayoría de los compatriotas, estamos consternados por esta noticia. Creíamos que el tráfico de personas era una cuestión que ocurría casi en los márgenes, y no como al parecer estaba ocurriendo: en las narices del Estado. Lo que hemos conocido en las últimas horas es que se trataría de hechos que vendrían ocurriendo al menos desde 2023, según las comunicaciones que el propio Servicio Nacional de Migraciones habría enviado a la Dirección General de Aeronáutica Civil a partir de 2024», afirmó.

El legislador subrayó que la indagación no debe limitarse a los últimos años ni a un solo gobierno.

«No corresponde acotar la investigación a los últimos años; por responsabilidad, debemos saber cómo llegamos a este estado, en el que entran y salen del país sin ningún tipo de control quienes debiesen ser nuestro principal foco de preocupación: los niños, sin importar si son chilenos o extranjeros. Por eso pediremos a la Cámara que nos permita investigar todos los hechos desde 2014 hasta la fecha, no solo las responsabilidades del gobierno del presidente Gabriel Boric, sino desde los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares a comienzos de ese año», sostuvo.

En tanto, el parlamentario Leandro Kunstmann, representante del Distrito 24, Región de Los Ríos, fue categórico al referirse al caso.

«Los antecedentes conocidos son de extrema gravedad y hoy existe una denuncia por eventual tráfico de menores. No estamos hablando de errores administrativos menores: estamos hablando de niños y de posibles vulneraciones a la ley. Los chilenos tienen derecho a saber quién autorizó esto, quién falló y quién responderá por haber puesto en riesgo a cientos de niños. El Estado tiene la obligación de explicar qué ocurrió y quiénes son los responsables políticos y administrativos», enfatizó.

Finalmente, el parlamentario precisó que la instancia “deberá establecer responsabilidades, revisar cada autorización otorgada y determinar si existieron negligencias, omisiones o acciones deliberadas. Cuando se trata de proteger a los niños, no puede haber impunidad ni redes de protección para nadie”.