El senador Iván Flores presentó un proyecto de ley que busca enfrentar la manipulación de la opinión pública a través de plataformas digitales, creando el delito de “manipulación digital inauténtica” para sancionar operaciones organizadas destinadas a simular fraudulentamente la participación de una multiplicidad de ciudadanos en un hecho de interés público.

La iniciativa propone modificar la Ley de Delitos Informáticos y establece que cometerá este delito quien cree, organice, financie, contrate, administre o utilice una red de comportamiento inauténtico coordinado con el propósito de inducir a error respecto de la existencia, magnitud, origen o espontaneidad del apoyo, rechazo o participación ciudadana en materias de interés público.

“Una cosa es defender una idea, hacer campaña o expresar una opinión, por dura que sea, y otra muy distinta es montar cientos o miles de cuentas para hacer creer que detrás de ellas existen cientos o miles de ciudadanos, creando una realidad ficticia”, señaló el senador Flores.

El proyecto -firmado además por los senadores Vodanovic, Sepúlveda, Walker y Edwards-, señala que “en una sociedad democrática las personas tienen derecho a defender ideas, intentar persuadir a otros, organizar campañas, convocar a ciudadanos, utilizar seudónimos, criticar autoridades y emplear herramientas tecnológicas para difundir sus posiciones. Lo particularmente reprochable ocurre cuando una persona u organización utiliza deliberadamente sistemas informáticos para aparentar algo que no es, como la existencia de una multiplicidad de ciudadanos.”

El proyecto contempla penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y multas de 20 a 100 UTM. Para determinar la existencia del delito deberán considerarse elementos objetivos como el número de cuentas involucradas, cantidad de publicaciones o interacciones, alcance, duración, frecuencia y grado de automatización de la operación.

Además, se establece una pena agravada cuando estas prácticas tengan como objetivo favorecer o perjudicar a una candidatura, candidato, partido político, pacto electoral o una opción sometida a plebiscito.

La norma alcanza también al candidato que conscientemente contrate, financie, autorice, coordine o participe de una red digital simulada para favorecer su propia candidatura o perjudicar a otra. Una regla equivalente se establece para quienes actúen por encargo o en representación de partidos políticos.

“Aquí hay una señal muy clara: la competencia electoral tiene que darse con ideas, propuestas y ciudadanos reales. No podemos permitir que alguien compre o financie una falsa multitud digital para alterar artificialmente la percepción de los electores”, afirmó Flores.

No se sancionarán seudónimos, anonimato ni bots legítimos

El parlamentario destacó que la iniciativa contiene resguardos explícitos para la libertad de expresión. No será delito utilizar seudónimos o identidades virtuales, convocar a compartir contenidos, emplear colectivamente hashtags o participar de otras formas de activismo digital, mientras no se simule fraudulentamente la existencia de personas distintas de quienes realmente participan.

Tampoco se prohíben los bots. Las cuentas automatizadas podrán utilizarse legítimamente cuando estén claramente identificadas como tales y no pretendan hacerse pasar engañosamente por personas naturales. Del mismo modo, podrán seguir utilizándose sistemas para programar publicaciones, administrar contenidos o prestar servicios informativos.

Dinero destinado a estas redes será considerado gasto electoral

Otro aspecto de la iniciativa establece que los recursos destinados a crear, contratar, administrar o utilizar estas redes durante campañas serán considerados gasto electoral cuando exista conocimiento, autorización o coordinación de la candidatura o partido político, y no tendrán derecho a reembolso fiscal.

Asimismo, el proyecto incorpora el nuevo delito a la Ley de Delitos Económicos, permitiendo que, cuando se cumplan los requisitos legales, pueda existir responsabilidad penal de empresas y otras personas jurídicas involucradas en estas operaciones.

“Las redes sociales son parte de la nueva plaza pública. Tenemos que proteger la libertad que existe en ellas, pero también impedir que empresas, organizaciones o personas con recursos puedan fabricar artificialmente miles de voces y hacerlas pasar por ciudadanos reales. Esto es proteger la libertad de expresión y también la democracia”, concluyó el senador Iván Flores.