El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos valoró la aprobación, por parte de la Sala del Senado, del proyecto de ley que modifica la Ley N° 21.780, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. Con este respaldo, la iniciativa completó su tramitación en el Congreso Nacional y quedó en condiciones de convertirse en ley, permitiendo hacer más eficiente la implementación de esta nueva institucionalidad.

El proyecto introduce ajustes al calendario original de puesta en marcha del servicio, reduciendo de cuatro a dos las etapas de implementación. La primera comenzará en enero de 2028 e incluirá las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. La segunda se iniciará en enero de 2029 y comprenderá las diez regiones restantes.

Esta reorganización permitirá que el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas esté operativo en todo el territorio nacional diez meses antes de lo establecido originalmente. Asimismo, reducirá de 30 a 12 meses el período de coexistencia entre la nueva institucionalidad y las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, facilitando una transición más expedita y ordenada.

Los cambios apuntan a una implementación eficiente, alineada con los objetivos de modernización del Estado y centrada en las necesidades de las personas, tanto en la calidad de las prestaciones como en la continuidad de la atención a usuarios y funcionarios durante el proceso de transición.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, destacó que esta nueva institucionalidad “permitirá fortalecer la atención y protección de las víctimas de delitos, mediante la integración y coordinación de los distintos órganos del Estado, con el objeto de entregar respuestas oportunas a las necesidades de las personas”.

El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas busca fortalecer la respuesta del Estado frente a las necesidades jurídicas de la ciudadanía, integrando prestaciones de orientación, asesoría y representación legal, junto con mecanismos especializados de atención y defensa de las víctimas de delitos.

“Este es un servicio fundamental para el país, porque pretende que todas las personas, sin importar el lugar donde vivan, puedan acceder a la justicia con las mismas garantías y estándares de calidad”, recalcó el ministro Rabat.