El Presidente José Antonio Kast lideró este jueves la reunión de alto nivel convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar el combate a la delincuencia organizada transnacional. El encuentro, que se desarrolló en el Salón O’Higgins de la Cancillería, reunió a los cancilleres y ministros de Seguridad e Interior de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, y constituye una de las iniciativas de cooperación regional más relevantes impulsadas por el actual Gobierno en materia de seguridad.

La iniciativa surge del diagnóstico compartido de que el crimen organizado transnacional se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza, la seguridad de las personas y la estabilidad institucional de la región. El Presidente Kast, al participar de la instancia, dio cuenta de que resulta indispensable avanzar hacia una mayor cooperación política para enfrentar al crimen organizado, sobre todo por el carácter transfronterizo de este flagelo.

«Nosotros nos cansamos, estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades. Esto, como lo decía nuestro ministro de Seguridad, tiene que pasar de las palabras a los hechos, y hoy día nuestra región está en un momento muy privilegiado, diría yo, de encuentro entre naciones para poder combatir este flagelo. El crimen organizado está violando los derechos humanos de todos nuestros compatriotas, y eso hay que enfrentarlo con decisión y con fuerza, porque la libertad es, junto con la vida, el derecho humano que más debemos cuidar», dijo el Presidente. 

Como resultado de la reunión, los países participantes van a adoptar un compromiso conjunto con medidas concretas, medibles y verificables en cinco áreas prioritarias: el intercambio de información entre servicios de inteligencia, policías y fiscalías; la coordinación fronteriza para el control del paso de personas, mercancías y flujos ilícitos; la trazabilidad de flujos financieros ilícitos para perseguir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado; la cooperación entre organismos técnicos nacionales como policías, aduanas, migraciones y unidades de análisis financiero, y el fortalecimiento de los mecanismos regionales de respuesta ante amenazas comunes.

Para la elaboración del acuerdo se recogieron antecedentes de las principales entidades técnicas de cada país. En el caso de Chile, participaron en su preparación el Ministerio de Seguridad Pública, la PDI, Carabineros, Aduanas, Migraciones, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

 Por parte de  Argentina participaron el canciller, Pablo Quirno, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el representante de Bolivia fue el canciller Fernando Aramayo; de Ecuador asisitieron la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Rivadeneira. Perú, en tanto, envió a su canciller, Carlos Pareja y al ministro del Interior, José Zapata.