Un llamado a convertir la infraestructura en una política de Estado y a recuperar el ritmo de inversión que permitió transformar al país durante las últimas décadas marcaron las intervenciones del Presidente de la República, José Antonio Kast, y del presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Eduardo Frei, durante la inauguración del seminario Infra Chile, organizado por la institución.
En la apertura del encuentro, Frei destacó que la experiencia chilena demuestra que la colaboración entre el Estado y el sector privado ha sido determinante para concretar proyectos que cambiaron el desarrollo del país, como el sistema de concesiones, la modernización portuaria, las autopistas urbanas y la expansión de infraestructura estratégica. Asimismo, advirtió que Chile enfrenta un nuevo ciclo de desafíos que exige acelerar las inversiones en puertos, transmisión eléctrica, desalación, conectividad y logística para recuperar competitividad.
“Hoy no existe otra alternativa que trabajar unidos. La alianza público-privada ha sido la clave del desarrollo de Chile y debe seguir siéndolo para enfrentar los desafíos de las próximas décadas”, planteó Frei.
Por su parte, el Presidente José Antonio Kast afirmó que el país enfrenta un importante déficit de infraestructura y sostuvo que su gobierno impulsará una nueva etapa de inversiones, basada en una visión de largo plazo y en una estrecha colaboración entre el sector público y privado.
En su intervención, el mandatario afirmó que la infraestructura trasciende la construcción de obras, pues permite conectar territorios, mejorar el acceso a la salud, fortalecer la seguridad, reducir brechas y generar oportunidades para las personas. En esa línea, llamó a dar continuidad a los proyectos estratégicos más allá de los ciclos políticos y valoró al CPI como una institución transversal que aboga por políticas a largo plazo en este ámbito.
En el encuentro, ambas autoridades coincidieron en que Chile necesita iniciar una “segunda revolución de la infraestructura”, acelerando la ejecución de proyectos estratégicos y consolidando acuerdos que permitan enfrentar el déficit de inversión en transporte, energía, recursos hídricos, hospitales, seguridad y conectividad. Para ello, recalcaron que será indispensable fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector privado, otorgar mayor certeza a la inversión y avanzar con una mirada que trascienda los gobiernos de turno.
Por su parte, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, afirmó que “la infraestructura no es el resultado del desarrollo: es una de sus principales condiciones (…) Cada camino, puente, puerto o aeropuerto amplía el territorio en que el que las personas pueden estudiar, trabajar, producir y progresar”.
La agenda en telecomunicaciones y logística
En el panel “La agenda de la infraestructura: visiones de gobierno”, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, dijo que se debe avanzar en la ampliación de los servicios de trenes de pasajeros y de carga a nivel nacional, lo que ayudará al desarrollo logístico. “Hay que mantener el trabajo coordinado entre EFE y el ministerio de Transportes para que los proyectos vayan avanzando, las terminales intermodales, los proyectos de pasajeros y carga; las inversiones en las regiones”, dijo.
Por su parte, Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones, planteó que Chile tiene potencial para ser un referente a nivel regional, por lo que se requiere el desarrollo de centros de datos para el despliegue de la Inteligencia Artificial. “Tenemos que dar certeza regulatoria”.
También alertó sobre el creciente impacto del crimen organizado en la conectividad del país –con el robo de infraestructura digital- y anunció una agenda para fortalecer la persecución penal y aumentar las sanciones.
La autoridad advirtió que el impacto económico de estos delitos -que se producen principalmente en zonas rurales- es de tal magnitud que los recursos perdidos durante el último año habrían permitido financiar la conectividad digital completa de una región del país, reflejando el alto costo que estas acciones tienen para el desarrollo y la calidad de vida de las personas.
Frente a este escenario, la subsecretaria presentó una serie de medidas orientadas a fortalecer la respuesta del Estado frente a estos delitos. Entre ellas destacó la necesidad de modificar la legislación para endurecer las penas por el robo de cables y componentes de infraestructura crítica, fortalecer la coordinación con el Ministerio Público para perseguir a las bandas organizadas y avanzar en el combate al mercado ilegal donde terminan estos equipos, siguiendo la trazabilidad de su comercialización.