En el marco de la firma del proyecto de reforma constitucional impulsado por el Gobierno como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la presidenta del Senado, Paulina Núñez, hizo un llamado a abordar la discusión con unidad, responsabilidad y sentido de urgencia, destacando que la seguridad debe constituirse como una política de Estado y no depender de las prioridades del gobierno de turno.

La iniciativa busca consagrar expresamente en la Constitución que la seguridad pública constituye un deber del Estado, estableciendo un marco que permita dar continuidad y mayor solidez a las políticas destinadas a enfrentar el crimen organizado y proteger a la ciudadanía.

Núñez valoró que el proyecto ingresará por el Senado y destacó la presencia de parlamentarios de distintos sectores durante la presentación de la iniciativa, como una señal de que la seguridad puede convertirse en un espacio de entendimiento transversal.

La presidenta del Senado afirmó que “estos son los temas que deben encontrarnos” y sostuvo que, si bien toda reforma constitucional requiere un debate profundo, existe una necesidad evidente de avanzar con prontitud frente a la situación que vive el país. En esa línea, precisó que “cada vez que ingresa un proyecto -y más aún una reforma constitucional- se requiere debate y es muy probable que el texto salga distinto al que ingresa, porque todos podrán aportar su mirada”.

Asimismo, enfatizó que la urgencia de la discusión no es únicamente legislativa, sino que responde directamente a la realidad que enfrentan diariamente las personas y “a lo que ocurre a diario a la ciudadanía y en las calles”.

En ese sentido, la senadora Núñez defendió la necesidad de establecer la seguridad como un deber permanente del Estado porque “algunos han dudado de su necesidad, pero al observar distintos proyectos de ley ya conocidos, queda claro que la seguridad tiene que ser un deber del Estado y no una priorización del gobierno de turno”.

La presidenta del Senado también advirtió que la aprobación de esta reforma resulta relevante para continuar avanzando en el resto de la agenda legislativa en materia de seguridad y aseguró que procurará que el debate parlamentario se desarrolle con la mayor transversalidad posible. Respecto de su tramitación, indicó que los plazos dependerán de la Comisión de Constitución, aunque el Ejecutivo podría solicitar discusión inmediata o, al menos, otorgar urgencia a la iniciativa.

La presidenta del Senado hizo un nuevo llamado directo a los distintos sectores políticos a asumir la discusión desde la responsabilidad institucional y dejando de lado las diferencias partidarias cuando se trate de enfrentar al crimen organizado. En esa línea, subrayó que “en estos asuntos espero unidad de los parlamentarios, porque en el país también existe unidad para enfrentar el crimen organizado y recuperar la seguridad pública”.