Chile tiene uno de los sistemas de indemnización por años de servicio más costosos de la OCDE, pero paradójicamente solo el 14,3% de las relaciones laborales finaliza con derecho a ese beneficio. Ese es el principal hallazgo del nuevo estudio presentado por Pivotes, que propone avanzar hacia un sistema de indemnización a todo evento, financiado mediante una cotización mensual del empleador y de propiedad del trabajador.
El documento, elaborado por la directora de Evidencia de Pivotes, Soledad Hormazábal, sostiene que el actual mecanismo, lejos de proteger a la mayoría de los trabajadores, termina beneficiando principalmente a quienes mantienen contratos largos e indefinidos, mientras deja fuera a quienes enfrentan mayor precariedad laboral.
«Existe una contradicción evidente. Chile tiene la indemnización por despido más alta de la OCDE, pero la gran mayoría de los trabajadores nunca accede a ella. El sistema fue diseñado para proteger, pero en la práctica excluye precisamente a quienes más necesitan esa protección», señala el estudio.
De acuerdo con la investigación, el 35,5% de los contratos formales dura menos de un año, mientras que apenas el 26% supera los cinco años. Como consecuencia, solo uno de cada siete contratos termina generando derecho a indemnización, ya que la legislación exige tanto una antigüedad mínima como una causal específica de despido.
El informe también advierte que el sistema actual genera incentivos que afectan el funcionamiento del mercado laboral. Por una parte, fomenta el uso de contratos de corta duración y, por otra, desincentiva que trabajadores con mayor antigüedad cambien voluntariamente de empleo, ya que al renunciar pierden la indemnización acumulada. Según Pivotes, esto reduce la movilidad laboral y termina afectando la productividad del país.
Frente a este escenario, el centro de estudios propone crear un régimen alternativo y voluntario de indemnización a todo evento. El mecanismo contempla una cotización mensual del empleador —con una tasa de referencia del 2%— que se deposita en una cuenta individual de propiedad del trabajador, quien podrá retirar esos recursos cualquiera sea la causal de término de la relación laboral: despido, renuncia, mutuo acuerdo o vencimiento del contrato.
La propuesta mantiene intactos el seguro de cesantía, los fueros laborales, la tutela de derechos fundamentales y el derecho al autodespido, buscando ampliar la cobertura sin reducir las protecciones laborales existentes.
Asimismo, Pivotes sostiene que el nuevo sistema otorgaría mayor certeza financiera a las empresas, especialmente a las pymes, al reemplazar un pasivo contingente e incierto por un costo fijo, mensual y predecible.
El estudio concluye que el actual modelo resulta simultáneamente inequitativo e ineficiente, al combinar la indemnización más alta de la OCDE con una cobertura efectiva para una minoría de trabajadores.
En ese contexto, Pivotes plantea que el siguiente paso debiera ser que el Ministerio del Trabajo impulse un estudio actuarial para evaluar técnicamente distintas alternativas de implementación y abrir una discusión basada en evidencia sobre la modernización del sistema de indemnizaciones en Chile.