En los últimos años, se ha hecho evidente el deterioro de los denominados “liceos emblemáticos”, que antes eran los principales establecimientos educacionales  públicos del país. Constantes tomas y disturbios, con bombas molotov incluidas, han llevado a que estos recintos hayan perdido el prestigio y la calidad que alguna vez tuvieron.

También es evidente que detrás de esta situación existen personas adultas que incentivan estas conductas y que generalmente pertenecen a colectivos o agrupaciones políticas. Lo particular es que muchos de ellos se definen  como  apoderados de los estudiantes que protagonizan estos hechos delictuales, en particular aquellos que utilizan overoles blancos. 

Esto se debe principalmente a lo que se denomina “apoderado delegado” o “multiapoderados”, una realidad que ocurre ante el número creciente de padres y cuidadores legales se han visto imposibilitados de ejercer presencialmente ese rol en diversos establecimientos educacionales del país.

Para hacer frente a esta situación, la diputada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Paz Charpentier -junto a sus pares  José Antonio Kast Adriasola (Rep), Javiera Rodríguez (Rep), Ricardo Neumann (UDI), Hans Marowski (Partido Nacional Libertario) y Javier Olivares (PDG)-, anunció la presentación de un proyecto de ley que viene a regular, de forma precisa y delimitada, la figura del apoderado en el sistema escolar chileno, “para garantizar la seguridad jurídica de los menores y evitar la instrumentalización de su representación”.

“El proyecto de ley no busca prohibir una realidad que responde a la necesidad de las familias trabajadoras, sino formalizarla, limitarla y dotarla de seguridad jurídica, resguardando siempre el interés superior del niño consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y ratificado por Chile”, subrayó la diputada.

La representante del Distrito 20, explicó que el fenómeno descrito “no tiene una regulación específica en la normativa educacional chilena, lo que genera graves riesgos y nudos críticos que los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE) no logran resolver por sí mismos”.

“Por ello, la ausencia de un marco regulatorio exige un vínculo de consanguinidad, afinidad o tutoría legal demostrable, de lo contrario la figura del ‘apoderado delegado’ o ‘multiapoderados’ se vuelve vulnerable a la manipulación por parte de colectivos, agrupaciones políticas o actores externos al núcleo familiar”, añadió la legisladora.

Por último, Charpentier enfatizó que los apoderados “no sólo son responsables de la asistencia y el rendimiento académico del menor, sino que también es el llamado a responder ante situaciones de convivencia escolar, firmar actas oficiales, autorizar salidas pedagógicas y tomar decisiones críticas respecto a la salud y bienestar del estudiante dentro de la jornada escolar. Por lo que debemos regular esta figura informal del ‘apoderado delegado’, para que los establecimientos educacionales también tengan claridad con respecto a quién deben contactar en casos de accidentes u otras situaciones”.