La aprobación del proyecto de ampliación de Puerto Panul por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) la semana pasada, mantiene en alerta a vecinos de San Antonio. La organización denuncia inconsistencias en los antecedentes de la evaluación y cuestiona que la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) haya considerado adecuados los antecedentes para descartar riesgos para la salud de la población.

El Informe Consolidado de Evaluación (ICE) registra que la Seremi de Salud advirtió sobre la vulnerabilidad de la calidad del aire: un indicador de material particulado fino alcanzaba el 93 % del límite normativo. Invocando la Guía para la Evaluación Ambiental del Riesgo para la Salud de la Población, pidió examinar con rigor cómo las emisiones del proyecto podían afectar a la comunidad. Sin embargo, el SEA descartó esa observación explicando que San Antonio no está declarada zona saturada. Para los vecinos, esa respuesta deja una pregunta que la autoridad debe aclarar: el que San Antonio no esté declarada zona saturada ¿elimina la obligación de evaluar en el SEA qué ocurrirá con el proyecto?.

Según dijeron, la contaminación debe evaluarse en los impactos acumulativos, es decir, la que ya existe, más las emisiones del nuevo proyecto y las emisiones de otros proyectos. Al aprobar el proyecto, la COEVA acordó exigir una estación de monitoreo ambiental que no estaba contemplada. La medida recogió el requerimiento de la consejera regional Romy Farías, comunidades y la autoridad medioambiental. Pero una estación no reduce las emisiones ni evita la exposición de la población, por lo que los vecinos exigen que la RCA precise qué medirá la estación, dónde se instalará, desde cuándo funcionará y qué deberá hacer la empresa si se superan los límites fijados.

También objetan que el titular omitiera en la Adenda el desglose de las 1.864 consultas del CECOSF de Cerro Alegre, afirmando que no podían «asociar dichas consultas a causas específicas», dejando sin responder el requerimiento. El SEA lo aceptó sin objeciones, pese a que esos datos son públicamente descargables del DEIS del MINSAL: de las 1.864 consultas totales, 338 consultas (18,1 %) fueron respiratorias; también lo fue la mitad de las consultas de menores de 15 años. Además, en diciembre de 2025 había 109 personas con asma en control —43 menores de 15 años— y 31 con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

La controversia del borde costero prometido y el temor a un “acto de magia”

Los vecinos recuerdan que el alcalde ofreció y prometió la recuperación del área para la ciudad como extensión del Paseo Bellamar, junto con la relocalización de la actividad granelera. En este contexto, cuestionan que nadie haya defendido ante el SEA el futuro turístico de esa zona frente a los impactos del proyecto y que se haya concluido que este es territorialmente compatible.

La preocupación se extiende a una eventual modificación del Plan Regulador Comunal a favor de Puerto Panul. Víctor Godoy, de Hidrodefensa expresó esa sospecha con la imagen de un “acto de magia”. “La zonificación del lugar donde está emplazado el proyecto cambia el uso de zona a partir del 1 de enero de 2030, y con eso se estaría terminando la concesión, a menos que haya algo mágico y digan “mira, sí, usted puede seguir con la concesión”. Y – a mi juicio-  “Eso mágico existe, y tiene que ver con la Municipalidad y tiene que ver con los Concejales, … ¿Y qué tiene que ver ahí?,  tiene que ver con que es muy probable  que se realice un cambio de uso de suelo de la zonificación”, alertó Godoy.

Los vecinos piden que cualquier iniciativa de cambio de zonificación se explique públicamente, con sus fundamentos, sus efectos y las responsabilidades de quienes la impulsen. Mientras esperan conocer la RCA, reiteran su disposición a recurrir a tribunales. Su demanda es que las autoridades respondan, con antecedentes verificables, cómo se protegerá la salud de la comunidad y cómo se cumplirá el compromiso de recuperar el borde costero para San Antonio.