La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, llamó a revisar la regulación del anatocismo tras el veto presidencial al proyecto de ley para la reconstrucción, que reabrió la discusión sobre la capitalización de intereses.
El anatocismo consiste en incorporar los intereses devengados y no pagados al capital de una deuda, de modo que comienzan también a generar nuevos intereses. La legislación vigente presume esta capitalización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario.
Para ODECU, la discusión no debiera limitarse a prohibir o permitir esta figura. La organización propone una solución intermedia: que en las relaciones de consumo el anatocismo no opere automáticamente y que solo pueda aplicarse cuando exista una aceptación expresa, informada y separada del consumidor.
“En contratos masivos y de adhesión no parece razonable que una consecuencia económica tan relevante opere por defecto. Si la capitalización de intereses va a aumentar una deuda, el consumidor debe saberlo, entenderlo y aceptarlo de manera clara”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU.
La organización reconoce que la capitalización puede cumplir funciones legítimas en ciertos productos financieros, como depósitos a plazo, períodos de gracia, repactaciones o líneas de crédito. Sin embargo, considera que esas situaciones no son equivalentes a la capitalización automática de intereses impagos en una deuda de consumo.
ODECU plantea además que este debate debe abrirse a la ciudadanía, especialmente considerando el uso extendido de tarjetas de crédito y otras formas de financiamiento.
“Esta discusión no puede quedar reducida a una definición técnica entre especialistas. Las personas necesitan comprender qué significa el anatocismo, cómo puede afectar el monto de una deuda y qué alternativas regulatorias existen”, agregó Larenas.
Para ODECU, el veto podía haber corregido los problemas de una prohibición absoluta sin volver simplemente a la regla vigente. La organización espera que el Congreso o el Ejecutivo retomen el debate y evalúen una fórmula que preserve los usos legítimos de la capitalización, pero que entregue a los consumidores una decisión efectiva sobre su aplicación.