La ministra de Educación, María Paz Arzola, presentó esta mañana la Cuenta Pública Participativa 2026 del Mineduc, en el Colegio Técnico Profesional Almendral de la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana. En la actividad, que fue transmitida en línea, y se encuentra disponible en el canal de youtube del Mineduc, dio cuenta del trabajo realizado entre junio de 2025 y junio de 2026, y fijó las prioridades y el plan de acción para este periodo anual.

La autoridad señaló que este proceso de transición con la administración anterior tuvo como primer objetivo dar continuidad al funcionamiento del ministerio, a los procesos, soportes y apoyos que despliega, y a la entrega de beneficios dirigidos a los estudiantes en los distintos niveles.

La ministra Arzola sostuvo que “en los primeros meses de esta administración se comenzaron a implementar las medidas prioritarias del Plan de Gobierno, que se enmarcan en el objetivo de poner al Ministerio de Educación al servicio de la educación y de los aprendizajes. Para ello, se han desplegado acciones y medidas destinadas a facilitar y a apoyar la labor de los establecimientos y las comunidades educativas, procurando dar respaldo explícito y fortalecer la confianza en la labor que estos realizan”. Entre estas destacan Directores por Chile; el Plan 90 Días, que significó un cambio de enfoque en la labor de la Superintendencia de Educación Escolar; el restablecimiento de la coordinación de los Liceos Bicentenario; el proyecto de ley que crea un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso; el proyecto de ley Escuelas Protegidas —presentado y aprobado durante el periodo—; el proyecto de ley para modificar el Sistema de Admisión Escolar; el impulso al proyecto de ley que facilita la creación y ampliación de una oferta escolar de calidad, y la elaboración del Plan Chile Aprende y Avanza.

La estrategia nacional Chile Aprende y Avanza retoma el foco en los aprendizajes y coordina las acciones de esta cartera hacia dicho objetivo. Este plan se sustenta en dos pilares inseparables e interdependientes que actúan sinérgicamente: primero, los Aprendizajes Basales, de modo de garantizar que todos los estudiantes lean comprensivamente antes de terminar 2° básico y dominen las operaciones matemáticas básicas antes de terminar 4° básico; esto evita que se acumulen rezagos en el tiempo que interfieran con las trayectorias educativas. Segundo, la Cultura Educativa, elemento clave para asegurar una convivencia respetuosa con foco en el desarrollo integral de cada estudiante. Esto requiere alinear las acciones existentes de convivencia, formación ciudadana y desarrollo físico y socioemocional al Proyecto Educativo Institucional, bajo el liderazgo intencionado de los directivos.

Sostenibilidad financiera

Respecto de la gestión financiera, se identificaron programas y asignaciones que presentaban déficit en el Presupuesto 2026. Se revisó el presupuesto para cumplir con pagos pendientes –subvención de mantenimiento, bonos de vacaciones y reajustes para el pago del aumento de cotizaciones previsionales–, cautelar el cumplimiento oportuno de los compromisos financieros, asegurar la continuidad del servicio educativo y garantizar el soporte a los establecimientos y la entrega de beneficios estudiantiles.

También se han definido medidas orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema en el mediano plazo, incluyendo una mejor focalización del gasto, la revisión de programas prescindibles, la mejora del proceso de asignación y seguimiento de los beneficios estudiantiles y la recuperación efectiva de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). En paralelo, se han impulsado iniciativas orientadas a contener el aumento futuro del gasto público destinado a Gratuidad de la Educación Superior.

Reformas que fortalecen las trayectorias educativas

La autoridad indicó que el ministerio sentó además las bases de planificación para la calidad del sistema. En Educación Parvularia se elaboró el Plan de Cumplimiento de Certificaciones 2026-2034, cuyo diagnóstico indicó que de los 3.753 establecimientos de la oferta pública solo 1.852 (49%) cuentan con Reconocimiento Oficial e identificó 1.547 que requieren de intervenciones en infraestructura, además de brechas jurídicas y técnico-pedagógicas. El plan, estructurado en seis etapas, establece una estrategia de priorización territorial y optimización de recursos incorporando el concepto de Situación Base Optimizada para evitar inversiones innecesarias, y prepara actualmente la activación del trabajo territorial a través de mesas regionales y de la Mesa Nacional de Certificación.

También se está avanzando en el proyecto de ley de Sala Cuna. En el primer semestre se ingresó una indicación sustitutiva y actualmente se está discutiendo dicha iniciativa en la Comisión de Hacienda del Senado, en su segundo trámite constitucional, tras haber sido despachada por la Comisión de Educación. Este proyecto busca entregar una nueva fuente de financiamiento para que los recién nacidos hijos de madres y padres trabajadores puedan acceder a cuidados hasta los 2 años de edad.

En Educación Escolar se realizó un análisis basado en evidencia proveniente del SIMCE y la PAES de los 420 establecimientos de la red de Liceos Bicentenario, que fundamenta el Plan Estratégico 2026-2029 orientado a consolidar la red como referente nacional de excelencia. En este marco, se actualizaron los Pilares y Estándares Bicentenario, diferenciando las modalidades científico-humanista, técnico-profesional y artística, y se priorizó el acompañamiento pedagógico de las generaciones incorporadas en el período de expansión reciente, a través de cinco ejes: la consolidación del sello con un sistema de seguimiento preventivo, la reactivación de la Red Nacional y las redes regionales –con comunidades profesionales de aprendizaje y mentorías hacia establecimientos no Bicentenario–, el apoyo pedagógico con foco en nivelación, re-enseñanza y liderazgo directivo, el fortalecimiento de la Coordinación Nacional del programa y su proyección como modelo replicable para la educación pública.

El proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ha mostrado retos en el proceso de transición e instalación, y en la capacidad y flexibilidad que requieren las direcciones ejecutivas de los nuevos SLEP para hacerse cargo de las necesidades que presentan día a día sus establecimientos, docentes y estudiantes.

Para enfrentar las deficiencias evidenciadas en el Sistema de Admisión Escolar, se está tramitando un proyecto de ley para modificar el SAE y facultar a los establecimientos educacionales con sobredemanda a aplicar un mecanismo de elección mutua que considere nuevos criterios, tales como adhesión al proyecto educativo, aptitudes acordes a especializaciones, asistencia previa, rendimiento académico desde 7° básico, entre otros. Actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Por otro lado, el sistema escolar chileno perdió dinamismo en la creación de oferta educativa. Las restricciones introducidas en 2015 por la Ley de Inclusión Escolar –que exigen acreditar demanda insatisfecha y ser propietario del inmueble para abrir un nuevo establecimiento– redujeron la apertura de establecimientos particulares subvencionados de 254 a 26 por año, pese a que las familias mantienen una preferencia sostenida por esa dependencia: en los procesos de admisión escolar entre 2017 y 2025, el porcentaje de apoderados que la elige como primera preferencia promedia el 67%. Por ello, el Gobierno decidió impulsar el proyecto de ley que facilita la creación de nuevos establecimientos educacionales, moción que se encontraba en segundo trámite constitucional, la cual se indicó y se le otorgó suma urgencia.

El pasado 1 de abril se publicó la Ley N° 21.809 de Convivencia Escolar que establece un nuevo marco para la convivencia, el buen trato y el bienestar de las comunidades educativas, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y toda forma de violencia en los establecimientos educacionales. Para ello, instala una Política Nacional de Convivencia Educativa, refuerza los planes y equipos de convivencia en los colegios con foco en salud mental, y crea instrumentos como el Programa de Bienestar Socioemocional Escolar y un sistema de monitoreo intersectorial liderado por el Ministerio de Educación. Para su adecuada implementación, se encuentran en elaboración los distintos reglamentos que dicha ley contempla y las instancias de difusión de información, capacitación y consulta dirigido a los establecimientos educacionales y sus integrantes. Así como también la Política Nacional de Convivencia Educativa y el Plan de Acción Nacional.

En Educación Superior, se evidenció la necesidad de fortalecer la gestión del sistema educativo en su conjunto, mejorando la articulación institucional, la eficiencia en el uso de recursos y la capacidad de respuesta a las necesidades de las comunidades educativas. Por lo mismo, se están estudiando cambios al Crédito con Aval del Estado para fortalecer el acceso a la Educación Superior, mientras se resguarda la sostenibilidad fiscal.