Un nuevo revés para el transporte público rural se concretó durante la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara una modificación acordada con la Asociación de Gobernadores Regionales, que permite a los gobiernos regionales destinar a otros fines los recursos del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional, creado para financiar mejoras en el transporte y la conectividad de las zonas rurales de la Región Metropolitana y otras regiones del país.

La decisión fue rechazada por el diputado republicano Juan Irarrázaval, quien advirtió que esta modificación vuelve a dejar en segundo plano las necesidades de conectividad de miles de habitantes de las zonas rurales, particularmente de las provincias de Melipilla, Talagante, Maipo, Chacabuco y Cordillera.

Durante su intervención en la sala, el parlamentario recordó que en 2024 el Congreso aprobó una ley de subsidio al transporte público que buscaba asegurar que los denominados fondos espejo se invirtieran efectivamente en transporte para las zonas rurales. Sin embargo, sostuvo que durante 2025 esa normativa no se implementó y que ahora nuevamente se busca postergar su aplicación a través de la Ley de Presupuestos.

“No puede ser que una ley que fue aprobada por este Congreso se postergue año a año por vía de la Ley de Presupuestos”, cuestionó Irarrázaval.

El diputado también dirigió sus críticas al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, a quien responsabilizó políticamente por la falta de soluciones para las comunas rurales. El parlamentario fue especialmente duro al cuestionar la gestión regional en esta materia y calificó al gobernador como “el enemigo número uno de las comunas rurales en materia de transporte”, acusando que estas provincias continúan siendo consideradas «el patio trasero» en políticas de conectividad y movilidad.

Otro de los principales cuestionamientos de Irarrázaval apunta a la profunda desigualdad en la distribución de los subsidios estatales entre Santiago y las localidades rurales. Para graficar esta brecha, comparó el aporte público que reciben los usuarios del transporte capitalino con los recursos disponibles para quienes viven en comunas alejadas de la capital.

“Cuando uno va a Santiago, pasa la tarjeta Bip, el Metro o la micro, y cobra 800 pesos, el Estado pone 1.500 pesos más de subsidio. En nuestra zona pone cero prácticamente, un 4% versus un 66%. Está mal pelado el chancho en el transporte”, afirmó.

Pese al resultado adverso, Irarrázaval insistió en que continuará defendiendo que los recursos destinados al transporte rural se utilicen efectivamente para mejorar la conectividad de las comunas. A su juicio, las familias de las provincias de Melipilla, Talagante y el Maipo no pueden seguir esperando soluciones mientras sus necesidades quedan relegadas en las decisiones presupuestarias.

“No vamos a permitir que las zonas rurales sigan siendo el patio trasero en materia de transporte. Las familias de nuestras provincias merecen un sistema de transporte digno y condiciones de conectividad que les permitan acceder a las mismas oportunidades que quienes viven en Santiago”, concluyó.