Greenpeace presentó una reclamación ante el Comité de Ministros para impugnar la aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, otorgada el pasado 9 de junio por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Valparaíso. En este documento, la organización sostiene que, al aprobar el proyecto, la autoridad no respondió ni consideró debidamente diversas observaciones ciudadanas presentadas durante el proceso de evaluación ambiental, por lo que solicita que esa decisión sea revisada por la máxima instancia político-administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La acción se presentó luego que el propio titular del proyecto, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), también recurriera al Comité de Ministros para cuestionar parte de las exigencias impuestas por la autoridad ambiental. Para Greenpeace, este hecho confirma que ha sido la propia empresa la que ha prolongado la tramitación del proyecto: primero, al ingresar en 2020 un Estudio de Impacto Ambiental que debió ser complementado y corregido en reiteradas oportunidades para cumplir con los estándares exigidos por la institucionalidad y, ahora, al impugnar las medidas establecidas por la autoridad para hacerse cargo de esos mismos impactos.

«Nuestra reclamación busca que el Comité de Ministros revise una aprobación ambiental que no se hizo cargo adecuadamente de las observaciones presentadas por la ciudadanía y que, al mismo tiempo, se produce mientras el propio titular intenta reducir drásticamente las exigencias ambientales establecidas para su proyecto. Eso demuestra que aquí no estamos frente a un proyecto que haya sido retrasado por la participación ciudadana, sino frente a una iniciativa que debió ser mejorada de manera sustantiva durante su evaluación y que, aun así, sigue representando riesgos relevantes para un ecosistema tan frágil como la cuenca del río Maipo, desde los glaciares hasta su desembocadura en el mar», señaló Roxana Núñez, abogada de Greenpeace.

La abogada de la organización enfatizó que el país necesita desarrollar proyectos de inversión que impulsen el empleo y fortalezcan la infraestructura estratégica. Sin embargo, sostuvo que ese desarrollo debe ser compatible con la protección ambiental y con una adecuada planificación territorial, especialmente cuando se trata de intervenciones de gran escala sobre ecosistemas de alta relevancia ecológica.

En ese sentido, Greenpeace planteó que la discusión trasciende este proyecto en particular y abrió una pregunta de fondo sobre el desarrollo portuario del país: si Chile requiere concentrar gran parte de su expansión logística en un solo megaproyecto o avanzar hacia un fortalecimiento más equilibrado de la red de puertos existente, reduciendo los impactos ambientales para los distintos territorios.

Las preocupaciones de Greenpeace son compartidas por diversas organizaciones de la sociedad civil y comunidades que también presentaron acciones para la revisión del proyecto, argumentando que sus observaciones no fueron debidamente consideradas y que persisten ilegalidades relevantes sobre la biodiversidad, la salud de las personas y el funcionamiento de la cuenca del río Maipo.

Para las comunidades, evaluar el megaproyecto como una intervención aislada desconoce la interdependencia ecológica entre los glaciares, el río Maipo, su desembocadura y el océano Pacífico. En particular, advierten que la construcción del molo portuario podría alterar el transporte natural de sedimentos, modificar el estuario e incrementar el riesgo de inundaciones durante eventos climáticos extremos.

«No podemos entender los glaciares como masas de hielo aisladas en la alta montaña. Proteger la naciente helada de la cuenca tiene como fin garantizar que el ciclo hidrológico fluya de cordillera a mar. Si el río Maipo no logra llegar al océano debido a la intervención severa de su estuario y la retención de sus sedimentos, el ciclo ecológico completo de la cuenca se fractura. La salud de los glaciares y la cuenca hidrológica está ética y sistémicamente ligada a que las aguas fluyan y permanezcan libres hasta el Pacífico», afirmó Constanza Espinoza, representante de Fundación Glaciares Chilenos.

Por su parte, desde ONG Ecosistemas argumentaron que llevan años “resistiendo” la extracción desmedida por diversas industrias, la contaminación y el deterioro del Río Maipo: “Este río es la arteria vital de las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Aceptar una RCA que aprueba un molo de 4 kilómetros, sabiendo que actuará como una barrera de sedimentos que provocará el embancamiento de la desembocadura, afectando el ciclo hídrico e incrementará el riesgo de inundaciones en eventos extremos, es condenar al colapso definitivo a una cuenca que ya está al límite, Chile debe pensar en proyectos para su protección y restauración de la cuenca más importante de la zona central vs este tipo de proyectos”.

Para Roxana Núñez, abogada de Greenpeace, la discusión que abre este proyecto trasciende las acciones presentadas por las diversas organizaciones y comunidades locales, planteando una pregunta de fondo sobre el desarrollo que Chile necesita. «Chile necesita mejorar su infraestructura y logística portuaria y avanzar en proyectos que impulsen el desarrollo del país. Esa discusión no está en cuestión. Lo que debemos preguntarnos es si este es realmente el proyecto que Chile necesita; un proyecto que arrasa con el territorio y con sus funciones ecosistémicas, incluida su enorme relevancia en materia de resiliencia climática, como quedó comprobado con los últimos sistemas frontales; un proyecto que en seis años no ha sido capaz de mejorar sus graves problemas. Vale la pena perseverar con proyectos que amenazan ecosistemas, comprometen la biodiversidad y ponen en riesgo a las comunidades. Creemos que no», aseguró la abogada