La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte presentó acusación en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba del Pedregal, acusado de encabezar una agrupación de personas que “de manera organizada y sistemática integraron una red de corrupción dedicada a la realización de acciones tendientes a defraudar a la municipalidad de Vitacura”. Este esquema de desvío de recursos públicos operó durante al menos una década, entre 2011 y 2021, a través de organizaciones vinculadas al municipio. 

De acuerdo con la acusación presentada por el Fiscal Regional Centro Norte, Francisco Jacir, y la fiscal adjunta Alicia Ascencio, el exjefe comunal se concertó con funcionarios municipales para la realización de un conjunto de acciones tendientes a defraudar a la Municipalidad de Vitacura. Por ello presentaron acusación por 29 delitos reiterados de fraude al fisco, lavado de activos; 6 delitos reiterados de declaración maliciosamente incompleta de impuestos y obtención indebida de devolución impuestos. Las penas solicitadas por todos estos delitos suman los 28 años de cárcel.

Según la acusación, para defraudar al municipio, la red encabezada por Torrealba utilizó distintas modalidades, a través de las Organizaciones Comunitarias Funcionales denominadas VITA y el Consejo Local de Deportes de Vitacura, respecto de las cuales desviaron fondos provenientes de las subvenciones municipales que recibían, así como ingresos generados por ellas, los cuales eran utilizados para obtener beneficios económicos para sí mismos o para terceros. El principal beneficiado era el alcalde Torrealba.

El esquema de Torrealba: Fraude al Fisco.

Según la acusación de la Fiscalía, esta red utilizó organizaciones comunitarias funcionales como Vitadeportes, Vitaemprende y el Consejo Local de Deportes para canalizar millonarios recursos municipales. Dichos fondos, que debían destinarse a actividades comunitarias, fueron desviados por los imputados hacia fines personales o no justificados. 

El modus operandi implicaba que el propio alcalde aprobaba las subvenciones y la transferencia de dinero a estas organizaciones, para que luego los administradores extrajeran recursos en efectivo. En la práctica, Torrealba instruía a Domingo Prieto Urrejola, Renato Sepulveda Nebel y Antonia Larraín Prieto, la entrega de sobres con dinero en efectivo obtenidos fraudulentamente desde el Consejo Local de Deportes y de las Organizaciones Comunitarias Funcionales ya indicadas. Parte relevante del dinero era entregado periódicamente en sobres al propio Torrealba, mientras que otra fracción se distribuía entre distintos participantes del esquema, generando así una salida sistemática de recursos públicos hacia fines no autorizados.

De acuerdo con los antecedentes recabados por la Fiscalía Centro Norte y detallados en la acusación, el perjuicio directo al erario público alcanzó al menos $766 millones de pesos, los que provenían de los dineros desviados de las organizaciones.

Lavado de activos 

Una vez obtenidos los fondos, Torrealba desplegaba diversas maniobras para su ocultamiento, configurándose así el delito de lavado de activos por el que fue acusado.

Entre ellas, destaca el ingreso de dinero en efectivo al sistema financiero mediante depósitos en cuentas personales del acusado y de su cónyuge, muchas veces realizados por terceros, como choferes municipales.

A esto se sumaba el fraccionamiento de los depósitos bancarios, efectuados en montos menores o repetidos en una misma jornada, con el objetivo de evitar alertas bancarias. Asimismo, los fondos eran trasladados entre distintas cuentas, incluyendo cuentas bipersonales, para dificultar su trazabilidad.

El esquema también contemplaba la emisión de cheques a nombre de terceros que, una vez cobrados, eran nuevamente depositados en otras cuentas del imputado, generando una apariencia de circulación legítima de los recursos.

Declaración maliciosa y devolución indebida de impuestos

En la acusación, la Fiscalía Centro Norte acusa a Torrealba de declaración maliciosamente incompleta de impuestos, consistente en la omisión de ingresos en sus declaraciones de renta. Al no declarar los ingresos extra que estaba recibiendo el monto que debía pagar en impuestos era menor al real.

Del mismo modo, al presentar declaraciones tributarias con información incorrecta, solicitaba devoluciones de impuestos que no correspondían, las que fueron pagadas por el Estado.

Penas solicitadas

Por 29 delitos reiterados de fraude al fisco, considerando la extensión del mal causado por los delitos se solicita se le imponga una pena única de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más multa del 30% del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, más accesorias legales correspondientes y costas.

Por el delito de lavado de activos, se solicita se le imponga una pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, más multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), más accesorias legales correspondientes y costas.

Por 6 delitos reiterados de declaración maliciosamente incompleta de impuestos, se solicita se le imponga una pena única de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, más multa del 100% del valor del tributo eludido, más accesorias legales correspondientes y costas.

Por 1 delito de obtención indebida de devolución de impuestos, se solicita se le imponga una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, más multa del 100% del monto defraudado, más accesorias legales correspondientes y costas.

Los otros imputados en la causa.

En esta causa ya fueron condenados Renato Sepúlveda por el delito de fraude al fisco a la pena 5 años de libertad vigilada intensiva. Antonia Larraín a 5 años de libertad vigilada por el delito de fraude al fisco, más una multa de 698 UTM. Augusto Silva fue condenado por el delito de fraude a 3 años y 1 día, más una multa de $99 millones de pesos. Por delito tributario fue condenado a 729 días de presidio más multa de 20 UTA. El imputado Arnaldo Cañas fue condenado por el delito de fraude a 555 días y multa de $16 millones. Por delito tributario fue condenado a otros 541 días y multa de 2UTA. El imputado Domingo Prieto, que estaba formalizado por fraude y delito tributario falleció antes de que se presentara acusación en su contra.