La presencia de residuos de plaguicidas en alimentos vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de qué frutas llegan diariamente a nuestros hogares ¿cómo se está controlando el uso de estas sustancias y qué información existe sobre la exposición acumulada de las personas? 

Un reciente reporte difundido por el medio español Okdiario, basado en información del sistema europeo de control de residuos de plaguicidas, a cargo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), señaló que durante 2024 fueron analizadas más de 125 mil muestras de alimentos en Europa. Si bien la gran mayoría cumplió con los límites establecidos, el análisis también identificó residuos en frutas de consumo habitual y, en algunos casos, sustancias cuyo uso se encuentra prohibido o no autorizado en la Unión Europea. 

Para la Dra. Liliana Zúñiga Venegas, directora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Maule (CIEAM) de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica del Maule e investigadora del proyecto FOVI250099 “Red Interdisciplinar de Investigación sobre Plaguicidas y Justicia Ambiental”, estos antecedentes deben ser considerados con atención, pero evitando generar alarma entre las y los consumidores. 

“Esta información debe ser leída con seriedad, pero sin alarmismo. Que una fruta tenga residuos de plaguicidas no significa automáticamente que represente un riesgo agudo para la salud, porque existen límites máximos permitidos y sistemas de control”, explicó. 

Sin embargo, la investigadora advirtió que el desafío sanitario es más amplio. La exposición a estas sustancias no se limita a quienes trabajan directamente con ellas en el campo, sino que puede producirse también a través de los alimentos, el ambiente y los territorios donde viven las personas. 

“Lo que más preocupa desde la salud ambiental no es únicamente la detección de un residuo aislado, sino la exposición crónica, repetida y combinada a múltiples sustancias”, señaló la doctora Zúñiga, poniendo especial atención en grupos más vulnerables, como niños, embarazadas y personas que viven o trabajan cerca de zonas agrícolas. 

La académica UCM sostuvo que Chile necesita avanzar hacia sistemas de vigilancia más completos, que permitan conocer no solo si un alimento cumple o no con la normativa, sino también qué sustancias están presentes, en qué concentraciones y cómo puede evaluarse la exposición acumulada de la población. 

“Necesitamos avanzar en más monitoreo, mayor transparencia de datos, educación para consumidores y productores, y políticas públicas que reduzcan progresivamente el uso de plaguicidas peligrosos, fortaleciendo alternativas más seguras y sustentables para el resguardo de la salud y los ecosistemas”, afirmó. 

Una responsabilidad que va más allá del consumidor 

Uno de los aspectos que la investigadora considera especialmente relevante es evitar que la responsabilidad recaiga exclusivamente en las familias. Frente a la aparición de residuos de sustancias prohibidas o no autorizadas, sostiene que el problema debe ser observado desde toda la cadena de producción y comercialización. 

“Cuando encontramos residuos de plaguicidas prohibidos o no autorizados en frutas de consumo habitual, no debemos leerlo solo como un problema del consumidor individual, sino como una señal de fallas en la cadena completa: producción, regulación, comercio internacional, fiscalización y monitoreo”, enfatizó.  

En este sentido, la científica explicó que las personas no cuentan con herramientas para determinar qué residuos contiene una fruta o verdura al momento de comprarla. 

“Las familias no tienen cómo saber si una uva, una fresa o una naranja contiene residuos autorizados, no autorizados o mezclas de varios compuestos. Por eso, la responsabilidad no puede ponerse únicamente en lavar mejor la fruta”, indicó. 

La discusión adquiere especial relevancia en el Maule, una de las principales regiones agrícolas del país y territorio donde la UCM ha desarrollado por más de una década investigaciones sobre exposición a plaguicidas y sus efectos en trabajadores, niños y comunidades. 

Este trabajo científico ha permitido que evidencia generada desde la Universidad Católica del Maule llegue incluso a espacios de discusión legislativa, como la Comisión de Agricultura del Senado, contribuyendo al debate sobre vigilancia, fiscalización y regulación de estas sustancias.  

Actualmente, este conocimiento se proyecta internacionalmente mediante el proyecto FOVI250099, financiado por ANID, que articula investigadores de distintos países para estudiar los impactos socioambientales de los plaguicidas y promover una agricultura más segura y sustentable. 

Así, la recomendación para los consumidores no es dejar de consumir frutas y verduras, fundamentales para una alimentación saludable, sino informarse, preferir productos de origen conocido cuando sea posible y exigir que exista una adecuada fiscalización y transparencia sobre los alimentos que llegan a la mesa.  

Para la Dra. Zúñiga, proteger la salud no puede depender únicamente de las decisiones individuales: requiere ciencia, regulación y un compromiso permanente de toda la sociedad.