La discusión por el futuro de “Yo Elijo Mi PC” escaló desde el terreno presupuestario hacia una controversia política. Porque la ex ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, cuestionó públicamente al Gobierno del presidente José Antonio Kast – a través de su cuenta en X – por la eliminación del programa y puso en duda que los antecedentes técnicos conocidos hasta ahora sean suficientes para respaldar una decisión de esa magnitud.

Su crítica apunta directamente a uno de los flancos políticamente más sensibles para el Ejecutivo: la coherencia entre sus decisiones actuales y los compromisos asumidos durante la campaña presidencial.

“La promesa de campaña fue clara: NO se recortarían beneficios sociales. Por eso, no puede incomodar que le pidamos al Presidente @joseantoniokast que cumpla su palabra. La única lealtad posible frente a esto es con Chile. 

En tiempos difíciles, la protección social importa más que nunca. Espero que el Congreso revierta estos retrocesos”. #YoElijoMiPC #LiceosBicentenarios #Melitrén #GORE #Cultura (https://x.com/karlaenaccion/status/2106545510232260982?s=46), escribió Rubilar.

El emplazamiento introduce además una crítica política hacia el interior del propio sector oficialista: para la exministra, respaldar al Gobierno no debería implicar guardar silencio frente a decisiones que, a su juicio, afectan instrumentos de protección social (https://x.com/karlaenaccion/status/2106705151343898685?s=46) 

Gobierno de Kast, pérdida de confianza y lealtades malentendidas

Más que defender que el programa sea intocable, la exministra busca obligar al Ejecutivo a responder una interrogante concreta: ¿Qué evaluación técnica reciente justifica ponerle término?

“Si existe una evaluación técnica reciente que se transparente y justifique. Corregir un programa es GESTIÓN. ELIMINARLO sin una alternativa que cierre la brecha digital es RETROCEDER”, señaló en su cuenta de X. 

Para Rubilar este punto no es menor políticamente, ya que una cosa es modificar una política pública que presenta problemas de diseño, focalización o gestión; otra distinta es eliminarla sin demostrar que dejó de cumplir su objetivo o sin presentar una política alternativa que atienda a sus beneficiarios.

Los antecedentes correspondientes al desempeño del programa durante 2025 agregan presión a esa discusión. En la dimensión de focalización, se señala que existen criterios claros y objetivos para seleccionar a los beneficiarios. En materia de eficiencia, el programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de los rangos esperados y no registra persistencia de subejecución presupuestaria.

Asimismo, el gasto por beneficiario aparece dentro del rango esperado en comparación con los dos años anteriores, mientras que el gasto administrativo es descrito como correctamente estimado y por debajo o igual al 20% del presupuesto ejecutado.

Estos indicadores no permiten concluir por sí solos que el programa carezca de problemas ni descartan que puedan existir otros antecedentes que sustenten cambios. Sí refuerzan, sin embargo, la exigencia planteada por Rubilar de que el Gobierno explique públicamente por qué se optaría por eliminarlo en vez de corregirlo.

Rubilar también trasladó la presión al Congreso y llamó a los parlamentarios a intervenir durante la discusión de los recursos públicos.

“En tiempos difíciles, la protección social importa más que nunca. Espero que el Congreso revierta estos retrocesos”, declaró.

Y elevó aún más el tono frente a las críticas que ha recibido por cuestionar al Gobierno de Kast, afirmando que “y aunque nos critiquen, no nos vamos a quedar callados. Lealtades malentendidas tienen a este gobierno perdiendo la confianza ciudadana”, concluyó la ex Secretaria de Estado.