Un cambio de paradigma radical, ejecutado mediante decisiones administrativas fragmentadas y sin discusión legislativa, es el que está implementando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Así lo concluye un estudio del Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura (CISEC) y el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), tras analizar los primeros cuatro meses de gestión de la cartera bajo la conducción del ministro Iván Poduje.

La investigación revela que la actual administración está dejando atrás la histórica política de Estado orientada a la entrega de una vivienda social terminada y con estándares garantizados. En su lugar, el MINVU está instaurando de hecho un modelo centrado en la entrega de suelo público, la urbanización por fases con servicios provisionales, el fomento de la autoconstrucción dirigida y la transferencia de la propiedad antes de que se complete la edificación.

El informe de la USACH enciende las alarmas respecto a una redistribución sustancial de las funciones y los riesgos del sistema habitacional. Según el estudio, que analizó las decisiones administrativas, modificaciones reglamentarias, anuncios sectoriales, programas piloto y reasignaciones presupuestarias realizadas por el MINVU entre el 11 de marzo y el 12 de julio de 2026, la cartera está delegando facultades clave de fiscalización y gestión técnica —que históricamente correspondían al control directo del SERVIU— hacia los municipios y empresas privadas.

Además, los programas piloto de autoconstrucción basados en kits industrializados terminan traspasando la carga física, el tiempo y la responsabilidad de la edificación final a los propios hogares beneficiarios.

«Cuando una política pública altera la naturaleza de lo que entrega, quién responde por ello y qué riesgos se transfieren a los usuarios, estamos ante una reforma estructural. Esto no puede implementarse de manera fragmentada mediante reasignaciones presupuestarias internas no legisladas», advierte el documento.

Entre los hallazgos más críticos del estudio se encuentra la modificación de las normativas regulatorias para flexibilizar las exigencias y condiciones de habitabilidad de las viviendas sociales con el fin de acelerar los plazos de construcción. El análisis demuestra que esta profunda redefinición del modelo habitacional se está ejecutando ante la total ausencia de un plan maestro general, de informes técnicos consolidados y de evaluaciones de impacto que justifiquen el diseño implementado.Los centros de estudio de la USACH aclaran que las medidas del ministro Poduje responden a una realidad dramática e ineludible: un déficit que ronda el medio millón de viviendas, cifras históricas de campamentos y una industria constructora debilitada. Sin embargo, recalcan, la urgencia no justifica eludir los mecanismos democráticos. Una transformación de esta magnitud debe ser transparentada, evaluada y deliberada públicamente ante toda la ciudadanía, y no a través de modificaciones reglamentarias de bajo perfil.