Los diputados Jaime Araya, Raúl Leiva, Patricio Pinilla, Bernardo Salinas y la diputada Tatiana Urrutia solicitaron al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, retirar de Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, corregir su eventual vicio de legalidad y reingresarlo a la brevedad.
El artículo 8 podría exceder las atribuciones del Ejecutivo al vincular el incumplimiento de determinados deberes municipales con la eventual cesación del alcalde. Según los parlamentarios las causales para remover a una autoridad elegida democráticamente deben ser establecidas por una ley orgánica constitucional y discutidas por el Congreso, no incorporadas mediante un reglamento.
Además, señalaron que el Gobierno retiró el texto que ya se encontraba en Contraloría y tardó seis meses en reingresarlo. Pese a esa demora, volvió a hacerlo mal. Desde la Comisión de Seguridad enviaron al menos tres oficios sin obtener respuesta.
Asimismo, comentan que se les hizo creer a los alcaldes que el retiro se debía a la falta de diálogo con ellos, pero finalmente elaboró el nuevo texto a sus espaldas.
Los diputados de oposición señalan que esto demuestra un profundo desprecio por el municipalismo. El Gobierno divide a los alcaldes según su sector político, permanece inactivo frente a las amenazas que enfrentan y ahora intenta imponer, sin transparencia ni participación, una norma que podría afectar la continuidad de autoridades elegidas por la ciudadanía.
Ante esto han solicitado al ministro que retire y corrija el reglamento antes de provocar nuevas demoras. Aseveran que si no lo hace, corresponderá que la Contraloría revise su legalidad. Debido a que el Gobierno debe entender que no puede saltarse al Congreso ni gobernar de espaldas a los municipios y concluyen «Estaremos atentos y utilizaremos todas las herramientas institucionales necesarias para defender la legalidad, la autonomía municipal y el principio democrático.»