Más de la mitad de las asignaciones presupuestarias examinadas por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez presentan disminuciones en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. El estudio, centrado en 197 asignaciones de gasto dirigido directamente a niños, niñas y adolescentes, identifica que 102 disminuyen, 63 aumentan y 32 se mantienen en niveles similares, respecto del presupuesto ajustado de 2026.
Según el análisis, los recursos analizados aumentan un 0,81 % frente al presupuesto ajustado de 2026. Al compararlos con una estimación del presupuesto original de ese año, sin las modificaciones efectuadas durante su ejecución, el aumento es de 0,78%. La diferencia refleja la importancia de transparentar ambas bases de comparación para evaluar las decisiones presupuestarias. Al calcular la variación sin el presupuesto de educación, el cual explica una parte importante de los montos, es más notoria la diferencia entre las metodologías: un 1,36% sin ajustes y un 4,07% al considerarlos.
El informe también identifica incrementos que deben valorarse: aumentan los recursos para intervenciones ambulatorias de reparación y fortalecimiento y vinculación familiar; el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil y las Oficinas Locales de la Niñez. En educación parvularia se observan aumentos en la Subsecretaría y en los recursos transferidos a Fundación Integra, mientras que en salud se incrementa el gasto analizado, principalmente por financiamiento de hospitales pediátricos. Estos avances conviven con reducciones en otras asignaciones que requieren explicación.
Al respecto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que “el debate no puede quedarse solo en si el presupuesto total sube o baja. Lo fundamental es saber qué ocurrirá con los niños, niñas y adolescentes que hoy reciben una prestación, si tendrán continuidad en su atención, con qué cobertura y bajo qué estándares de calidad. Cada disminución debe estar debidamente fundamentada y contar con alternativas cuando corresponda”.
Entre los principales hallazgos, el informe identifica una reducción cercana al 7% en el financiamiento conjunto del cuidado alternativo, que incluye las prestaciones de administración directa y aquellas desarrolladas por organismos colaboradores. En particular, la asignación destinada a cuidado alternativo ejecutado por colaboradores disminuye un 12,06%.
Asimismo, el programa de Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia presenta una reducción estimada de 28,52% respecto del presupuesto original de 2026, aunque esta alcanza un 0,67% al compararlo con el presupuesto ajustado. Esta situación requiere especial atención debido a las listas de espera existentes. A ello se suma una disminución cercana al 59% en los recursos identificados para los programas de adopción, cuya justificación debe examinarse considerando la implementación de la nueva legislación.
“Lo que más nos preocupa es que estas disminuciones alcancen programas destinados a niños, niñas y adolescentes que requieren protección del Estado. Estamos hablando de prestaciones que no pueden interrumpirse ni deteriorarse por decisiones presupuestarias. Por eso, es indispensable que el Gobierno explique cómo garantizará su continuidad y calidad. Las restricciones fiscales no pueden traducirse en retrocesos en la protección de los derechos de la niñez”, advirtió el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
En educación, el análisis constata una reducción cercana al 72% en las asignaciones examinadas de Becas y Asistencialidad Estudiantil, explicada principalmente por la eliminación del financiamiento del Programa de Becas de Acceso a TIC. También registra una disminución cercana al 31% en Mejoramiento de la Calidad de la Educación, respecto del presupuesto ajustado de 2026, que comprende iniciativas vinculadas a educación técnico-profesional pública, aprendizaje del inglés y liceos emblemáticos.
En paralelo, el informe recoge antecedentes de Educación 2020 sobre una reducción prevista de horas docentes y de asistentes de la educación en los SLEP, con un impacto estimado por esa organización en 1.888 docentes y 1.884 asistentes. La Defensoría plantea que las variaciones de matrícula y la disminución de la natalidad no deben traducirse automáticamente en menores estándares educativos y que corresponde evaluar oportunidades para mejorar la atención, como reducir la cantidad de estudiantes por aula.
En justicia juvenil, el estudio identifica una reducción de entre 7,7% y 12,3% en el gasto de personal de los centros de administración directa, según la base comparativa utilizada. La situación requiere especial evaluación mientras se discute una reforma a la responsabilidad penal adolescente que podría aumentar la población privada de libertad.
La Defensoría advierte, además, que el proyecto de Presupuesto 2027 no incorpora la glosa que establecía la elaboración de un informe anual sobre inversión y gasto público en niñez y adolescencia, desarrollado por la Subsecretaría de la Niñez y la Dirección de Presupuestos con el aporte de UNICEF Chile. Mantener ese mandato especial permitiría dar continuidad al seguimiento de la inversión y al cumplimiento de los principios de prioridad, progresividad y no regresividad.
En el marco de la discusión presupuestaria, la Defensoría solicitará al Ministerio de Hacienda transparentar las comparaciones entre el presupuesto original y el ajustado de 2026 y fundamentar los efectos previstos de las disminuciones sobre cobertura y calidad de las prestaciones. Junto con organizaciones especializadas que integran la Mesa de trabajo sobre presupuesto y niñez, la Defensoría continuará analizando el proyecto para aportar antecedentes al Congreso Nacional y a la ciudadanía.
Informe completo: https://observatorio.