La Comisión Política, por la unanimidad de sus miembros y a raíz de la acusación constitucional que las bancadas de oposición anunciaron hace ya una semana en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, declaramos lo siguiente:

  • No existen fundamentos constitucionales ni legales que justifiquen la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la dictación de los decretos que concedieron 56 rebajas de condenas.
  • En lugar de actuar con la responsabilidad y seriedad que exige un asunto de esta gravedad, las bancadas de extrema izquierda, junto con los partidos del Socialismo Democrático que se dejaron arrastrar por su imprudencia, han optado por impulsar una ofensiva política que sólo viene a reflejar un total desprecio por el sufrimiento de los menores y sus familias que han sido víctimas de los crímenes más horribles y deleznables que se pueden cometer contra la infancia.
  • La acusación constitucional anunciada por la oposición, cuya presentación ha sido postergada ante la evidente falta de mérito y fundamento jurídico, puede convertirse en una de las actuaciones más mezquinas y deplorables de un sector de la política chilena, que no ha tenido ningún miramiento en instrumentalizar el dolor ajeno con el único propósito de infligir un daño político al gobierno del Presidente Kast. Esto queda demostrado cuando el representante del Partido Comunista vota en contra de la ley para que nunca más pueda salir en libertad un violador de menores.
  • A nuestros niños y jóvenes se les protege; jamás se les utiliza como un medio para obtener réditos políticos. Ese es el principio que debe orientar a todos los sectores y que, como UDI, hemos sostenido inquebrantablemente a lo largo de nuestra historia.
  • El fin jamás puede justificar los medios, pero lamentablemente se ha vuelto habitual que la izquierda actúe de esta manera, siendo los partidos del socialismo democrático como verdaderos vagones de cola.
  • La Comisión Política de la UDI insta a todos los sectores a actuar con responsabilidad, coherencia y sentido de Estado, evitando apoyar una acción cuya legitimidad se encuentra seriamente cuestionada por su falta de fundamentos jurídicos. El sufrimiento de las víctimas merece respeto y soluciones concretas, no ser utilizado como una herramienta de confrontación para perjudicar al Gobierno.