Lo ocurrido en Viña del Mar es absolutamente inaceptable y merece una condena categórica. Rociar con cloro a funcionarios, agredirlos con elementos contundentes y destruir equipamiento y vehículos durante un operativo no puede ser entendido como una expresión de comercio informal: estamos hablando de violencia y de hechos que deben ser perseguidos como delitos.
Desde la CNC hemos insistido en que quienes actúan al margen de la ley no pueden terminar imponiendo sus propias reglas en el espacio público. Cuando funcionarios son atacados por cumplir con su labor, se debilita la autoridad y se afecta gravemente el Estado de Derecho. Los inspectores municipales, Carabineros y todos quienes participan en estas fiscalizaciones deben contar con las condiciones de seguridad y el respaldo institucional necesarios para ejercer sus funciones. No es aceptable que una persona arriesgue su integridad física por hacer cumplir la normativa.
También es importante hacer una distinción clara. Una cosa es quien busca legítimamente una fuente de ingreso y otra muy distinta es utilizar la informalidad como cobertura para amenazar, agredir o impedir por la fuerza la acción de la autoridad. Frente a esas conductas corresponde actuar con firmeza y aplicar todo el rigor de la ley.
Lo sucedido en Viña del Mar debe ser una señal de alerta. Cuando mediante la violencia se consigue impedir una fiscalización, el daño va mucho más allá de ese operativo: se deteriora la convivencia, se debilitan las instituciones y se perjudica especialmente a quienes cumplen las normas y desarrollan su actividad de manera formal.
José Pakomio, presidente de la CNC