El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau García-Huidobro, presentó las siete áreas prioritarias que orientarán el trabajo de la cartera durante los próximos años, en el marco de la Cuenta Pública Participativa del Ministerio de Seguridad  realizada este miércoles en el Teatro de La Florida.

Durante su intervención, Arrau explicó que la elección de la comuna dirigida por el alcalde Daniel Reyes busca acercar la rendición institucional a la ciudadanía y relevar que los principales desafíos de seguridad se expresan en los barrios, las calles, las villas y las poblaciones del país.

“La seguridad parte en las calles, en los barrios, en las villas y en las poblaciones. Muchas veces hablamos de crimen organizado, cambios legales o tratados internacionales, pero la seguridad también se vive y se aborda desde la gestión municipal y el trabajo diario de las policías”, sostuvo el ministro.

El primer eje presentado por la autoridad corresponde a la gestión policial. Esta línea contempla fortalecer a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, mediante mejores incentivos, equipamiento, tecnología, protección física y herramientas legales.

Arrau sostuvo que el país arrastra una disminución de aproximadamente 4.000 carabineros operativos durante la última década. Frente a esta situación, destacó el programa de mejoramiento institucional anunciado por el Gobierno, que considera una inversión anual superior a los $100.000 millones para Carabineros, junto con iniciativas destinadas a respaldar jurídicamente la actuación policial.

El segundo ámbito prioritario es el control fronterizo. El secretario de Estado señaló que el despliegue reforzado de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el norte permitió disminuir en cerca de un 80% los ingresos irregulares detectados durante el año, además de aumentar las incautaciones de drogas y contrabando.

La estrategia busca incrementar la presencia estatal en el altiplano, fortalecer los pasos fronterizos habilitados, aumentar la capacidad de vigilancia y mejorar la fiscalización en puertos y aeropuertos. También se proyecta ampliar los sistemas de escaneo y análisis de carga para impedir la salida de drogas y el ingreso de sustancias destinadas a su fabricación.

El tercer eje corresponde a la seguridad penitenciaria. El ministro señaló que el fortalecimiento del sistema carcelario será una prioridad para recuperar el control del crimen organizado desde el interior de los recintos penales. La estrategia contempla la habilitación de módulos de máxima seguridad con bloqueo de las señales de telefonía, la creación de 20.000 nuevas plazas penitenciarias, el impulso a una nueva Ley Orgánica de Gendarmería y el fortalecimiento del control del perímetro de los establecimientos penales.

La recuperación de barrios constituye la cuarta prioridad. Para ello, el Ministerio de Seguridad Pública comenzará a implementar el programa Escudo Barrio, que considera la intervención de al menos 50 sectores priorizados mediante criterios técnicos y coordinación con los municipios.

La iniciativa combinará inversión en iluminación, cámaras, recuperación de espacios públicos y reducción de factores de riesgo con una acción policial focalizada. La meta es que los 50 sectores se encuentren definidos y en operación entre 2026 y 2027.

El quinto eje corresponde a la integración y análisis de datos. Arrau explicó que la cartera busca ampliar la plataforma del Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial, que actualmente permite reunir información proveniente de lectores de patentes y generar alertas cuando un vehículo mantiene un encargo vigente.

Entre los próximos objetivos se encuentra incorporar a las autopistas, sumar nuevos municipios y avanzar hacia sistemas de reconocimiento facial, junto con fortalecer el intercambio de antecedentes entre organismos públicos para diseñar políticas y detectar eventuales delitos.

“Cuando logremos integrar de buena manera las bases de datos del Estado vamos a contar con una herramienta muy potente para generar políticas públicas y entregar antecedentes al Ministerio Público cuando corresponda”, afirmó.

El combate al crimen organizado fue definido como la sexta prioridad. El ministro señaló que las estructuras criminales ya no se limitan al microtráfico o a delitos aislados, sino que desarrollan operaciones vinculadas con drogas, armas, secuestros, homicidios, extorsiones y lavado de activos. Para enfrentar este escenario, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado presenta un 80% de avance y ha fortalecido las capacidades de ocho instituciones —Carabineros, la Policía de Investigaciones, Aduanas, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), Gendarmería, la Dirección General de Movilización Nacional, la Unidad de Análisis Financiero y la Dirección General de Aeronáutica Civil— mediante la transferencia de más de $64 mil millones. En este marco, durante 2025 se entregaron 905 vehículos operativos a Carabineros y la PDI, además de cinco drones de vigilancia destinados a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Finalmente, la séptima área prioritaria corresponde a la Macrozona Sur. La estrategia considera mantener la presencia policial y militar, fortalecer la persecución penal y ampliar la intervención de otros organismos públicos para recuperar las condiciones de desarrollo de las zonas afectadas por atentados, hechos de violencia y actividades terroristas.

Arrau señaló que el objetivo es que agricultores, emprendedores y operadores turísticos puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad, junto con restablecer la presencia permanente del Estado. La autoridad destacó la creación de un mando único durante el estado de excepción y el trabajo destinado a detener a personas prófugas vinculadas con delitos violentos.

El Secretario de Estado concluyó que la seguridad debe ser entendida como una condición esencial para el ejercicio de las libertades, el desarrollo económico y el acceso a los demás derechos.

“Cuando un vecino puede trabajar, desplazarse y vivir con tranquilidad, el Estado está cumpliendo su función. Todos estos programas y el trabajo de las instituciones tienen como único fin recuperar un Chile más seguro, donde las personas vuelvan a confiar y puedan vivir sin miedo”, indicó el ministro Arrau.