Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 24 de agosto pasado– analizó el proyecto de ley, iniciado en moción, que “Modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con la finalidad de permitir la recuperación de espacios públicos ocupados en forma irregular”. Informe que fue remitido a la presidencia del Senado, el lunes 3 de septiembre.
“En conclusión, el proyecto de ley que ‘Modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con la finalidad de permitir la recuperación de espacios públicos ocupados en forma irregular’, busca enfrentar la ocupación irregular de espacios públicos en diversas comunas del país, otorgando certeza jurídica a la actuación municipal para que puedan intervenir eficazmente”, plantea el informe.
Para el pleno de ministros: “Sobre el particular se debe destacar que, actualmente, la ley ya faculta a los municipios para administrar los bienes nacionales de uso público en sus comunas, y pueden dictar ordenanzas para regular su uso y establecer sanciones, cuyo conocimiento y aplicación corresponden legalmente a los jueces de policía local”.
“Por ello, la propuesta no innova en las atribuciones que ya poseen las municipalidades lo que torna la iniciativa en redundante. Sin embargo, esta iniciativa sí producirá dos innovaciones a nivel sancionatorio: fijará un límite inferior a la multa que puede aplicarse y modificará el régimen de sustitución de la multa”, releva el informe.
“El efecto que se produciría, entonces, de prosperar esta iniciativa, es que subsistirán dos regímenes legales de administración de BNUP, uno general, y otro de carácter específico, cuya peculiaridad serán las innovaciones recién mencionadas, y en todo lo demás no habrá mayor diferencia, salvo la fuente legal desde donde emanan las atribuciones. En estos términos, la iniciativa no parece razonable, salvo en cuanto introduce las innovaciones ya mencionadas”, advierte la Corte Suprema.
“Respecto al artículo 12 quinquies se observan discrepancias en la descripción de las conductas sancionadas y falta de claridad para sustituir multas por la asistencia a programas”, añade.