A la comisión de Pesca del Senado fue derivado el proyecto que ingresó el senador DC Iván Flores, junto a los senadores de esta instancia legislativa, y que busca crear, en la Ley de Pesca y Acuicultura, el delito especial de tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos, para “establecer una sanción penal y perseguir con mayores herramientas a quienes montan verdaderas empresas criminales dedicadas al tráfico de estos recursos, comprometiendo desde luego la seguridad, pero también la salud pública y el orden institucional y económico del país”.

El parlamentario valoró el apoyo transversal de los senadores de esta comisión, quienes firmaron el proyecto, esperando una rápida tramitación. “Esta ley, creemos, contribuirá a otorgar al estado de Chile una herramienta eficaz en esta necesaria persecución de una acción ilícita que refleja cómo las organizaciones criminales se introducen en todos los sectores e instituciones, en este caso, afectando los valiosos recursos hidrobiológicos”.

Al respecto, precisó que “la persecución de las organizaciones criminales, que hoy día no solamente está ocupando buena parte de nuestros barrios y nuestras calles continúa extendiéndose a diversas áreas con el propósito final, que es el lavado de dinero. Se extendió hacia algo que ya sabemos y que es un tema global, y que es la pesca ilegal, que se encuentra entre el segundo y tercer negocio ilegal más lucrativo después del narcotráfico”.

 Precisó, además, que “esa pesca ilegal hoy día y el tráfico ilegal de especies hidrobiológicas se ha expresado hoy en una acción desbaratada que incluye 9 mil millones de pesos defraudados de una operación que supera los 25 mil millones de las especies intercambiadas. Y eso ocurrió en las regiones de Los Lagos y Los Ríos.  Y, lamentablemente, es toda una cadena, que involucra a funcionarios públicos, funcionarios policiales, transportistas, involucra gente que está en los peajes. O sea, es toda una red.”

El proyecto propone sancionar este delito con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio por la especial gravedad de estas conductas, que ponen en peligro distintos bienes jurídicos protegidos. “Lo que se pretende es perseguir a quienes forman parte de redes organizadas que han hecho del tráfico de recursos hidrobiológicos un negocio criminal, lucrando a costa del patrimonio natural del país, de la salud de las personas y del correcto funcionamiento de las instituciones públicas”.

Adicionalmente, se propone agregar este delito en la Ley N° 20.393 que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas para castigar también a las empresas que participen en este tipo de ilícito con las sanciones que en ella se establecen.