Enfrentar la delincuencia con una mirada transversal fue una de las conclusiones que surgieron en la última sesión de la Comisión de Seguridad Pública, la que se trasladó hasta San Bernardo para analizar la situación que viven las autoridades locales cuando se trata de combatir la delincuencia.
Cabe recordar que el alcalde de San Bernardo, Cristopher White conoció a través de la Fiscalía que existía un plan para asesinarlo el 17 de septiembre, durante el desfile de las Fiestas Patrias. Éste habría sido ideado por Juan Flores Valenzuela, alias el Indio Juan, un peligroso delincuente que operaba en su comuna y que fue capturado la noche del pasado lunes 31 de agosto.
Con este telón de fondo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez; las senadoras Loreto Carvajal y Paulina Vodanovic; y los senadores Karim Bianchi (presidente de la Comisión), Juan Luis Castro, Cristian Vial y Manuel José Ossandón participaron de la jornada.
El dueño de casa y principal afectado, el alcalde White sinceró que “hoy hablamos del resguardo a las autoridades, pero eso indica que el crimen organizado ha ido avanzando y ha disminuido la democracia. Hay grupos de individuos que establecen normas y formas dentro de un barrio, es un Estado dentro de un Estado”.
“La Fiscalía dice que hay más secuestros que antes, pero hay cosas peores como niños asesinados por otros niños, niños baleados en distintas circunstancias. Estas cosas pasan en Maipú, La Pintana, Lampa, Peñaflor, Lo Espejo, Puente Alto y San Bernardo”, comentó abogando por la pronta publicación del reglamento de la ley de seguridad municipal y acelerar los plazos para la aprobación del proyecto de infraestructura crítica y el de reglas del uso de la fuerza.
En la sesión las autoridades comentaron cómo las estadísticas muchas veces no entregan datos reales porque no se denuncian todos los delitos por temor a represalias, la necesidad de hacer un esfuerzo transversal para aprobar la agenda de seguridad, potenciando también un proyecto para proteger a los dirigentes vecinales o el fútbol amateur, y la pertinencia de revisar los fondos para seguridad en el debate del presupuesto.
En particular, el ministerio de Seguridad Pública, Martín Arrau describió cómo hoy se manejan las denuncias por amenazas. “La investigación de estas denuncias las maneja el Ministerio Público. Ellos instruyen a las policías sobre la protección de testigos y víctimas. El Ministerio define el tipo de custodia. Se hace una evaluación técnica, se deciden las medidas y define el riesgo. Hay que reconocer que hay muchas personas con resguardo en la macrozona sur, hablamos de víctimas y autoridades”, declaró.
El fiscal nacional, Ángel Valencia entregó estadísticas indicando que “estamos hablando de 22 alcaldes que cuentan con medidas de protección, a lo menos. Ellos han sido amenazados o han recibido agresiones en razón de su cargo. De ellos 8 cuentan con acompañamiento diario de seguridad (PPI). También hay 18 fiscales con esta protección (…) Lo peor que podemos hacer es resignarnos. Hemos tomado algunas medidas como es designar un fiscal regional -Marcos Pastén- para investigar denuncias contra autoridades y creamos una unidad de seguridad”.
AGENDA LEGISLATIVA
La presidenta del Senado, Paulina Núñez planteó que “cuando se amenaza a la autoridad, se amenaza a todos. La idea es dar una señal de Estado. Quiero relevar la acción que hacen las policías, el Ministerio Público. El móvil del crimen es lucrar. Ahí está el ánimo de dañar las instituciones para seguir lucrando. Hay que prohibir acciones, espacios donde ellos pueden seguir lucrando, hay que cerrar la llave que les da agua al crimen organizado. Los juegos en línea van en esa dirección, ya vimos el robo de cables y de la madera”.
Por su parte, el senador Karim Bianchi abordó la agenda legislativa explicando que “la ley de presupuesto debe entregarles a las policías todas las herramientas posibles. Sobre RUF, la idea es empezar a votar mañana y terminar dentro del mes, mañana votamos el proyecto que fortalece Carabineros. Lo de la seguridad municipal está en la Comisión de Gobierno, pero lo vamos a seguir nosotros” indicó complementando que “también hay que revisar las medidas cautelares. Creo que hay que pensar en un catálogo de delitos que no puedan acceder a cumplimientos alternativos”.
El senador Juan Luis Castro reconoció que “aquí se requiere coraje y convicción que el alcalde ha tenido. Este es un alcalde que ha combatido el delito haciendo propuestas. La gente no tolera que las autoridades tengan miedo. Le pregunto a las autoridades de seguridad: un delincuente con cadena perpetua se fuga, se va del país 6 meses, vuelve y por escuchas telefónicas sabemos del plan de asesinar al alcalde ¿Entonces qué pasó entre medio?”.
CRIMEN ORGANIZADO
Luego el senador Cristián Vial manifestó que “acá estamos para entender qué estamos enfrentando porque la delincuencia es que por lejos el problema más complejo de política pública en décadas. El crimen organizado ha avanzado por años, el problema se enfrenta con coerción legítima, jurídica del Estado, institucional. No necesitamos reprimir, Chile tiene la institucionalidad para hacer frente a esto”.
La senadora Loreto Carvajal -en representación del senador Pedro Araya- expresó que “lo que vivió el alcalde grafica lo que les pasa a muchas autoridades. Sabemos que estamos superados por la delincuencia y se pone a prueba la democracia. En las encuestas ha quedado claro la importancia que le da la ciudadanía a este tipo de situaciones. El crimen organizado también está en las cárceles, entonces ¿qué hacemos para el cumplimiento efectivo de las penas?”.
NORMALIZACIÓN
En tanto, la senadora Paulina Vodanovic sinceró que “acá se habla de amenazas, siento cierta normalización de algo que me parece grave, que se hable de que mueren autoridades en otros países, ellas no mueren, sino que las asesinan. Se descubrió un plan para matar al alcalde, así de fuerte. No veo al ministro de Seguridad con una actitud proactiva, solo nos viene decir para qué está facultado. Creí que el ministro debía venir a detallar medidas que podrían darse a conocer de manera secreta. El Estado debe darnos garantías de seguridad”.
El senador Manuel José Ossandón cuestionó las críticas realizadas al ministro de Seguridad Pública. “Creo que hay que hablar de la soberanía de los barrios. Hoy hay toque de queda en muchas poblaciones, eso no es problema del ministro. Creo que esta Comisión ha avanzado muchísimo, mañana se saca la ley de flagrancia. Esta sesión es una gran señal. Los que somos municipalistas, esperamos que salga luego el reglamento de la ley de seguridad municipal”, aseguró.
También hicieron uso de la palabra el Gobernador de la región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego; el Delegado Presidencial Regional Metropolitano de Santiago, Germán Codina; el General Director de Carabineros, Marcelo Araya; y el Director General de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.