El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, manifestó públicamente su molestia y anunció que someterá a votación la salida de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), ante la postura de la organización y de su presidente, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, por su apoyo al proyecto de ley de Megarreforma del gobierno.

El texto recién aprobado por la comisión mixta, propone entre otras medidas una nueva fórmula de compensación para los municipios y el Fondo Común Municipal por la exención de contribuciones a las personas mayores, ante lo que la autoridad de Cerro Navia anunció que propondrá ante el Concejo Municipal el eventual retiro de la agrupación el próximo miércoles.

“Ha traicionado a los municipios y a los más pobres de Chile. Independiente de si son alcaldes de derecha o de izquierda, las comunas más vulneradas se están viendo perjudicadas con estas modificaciones”, reclamó en contra de Alessandri.

En la misma línea agregó que “nosotros no nos podemos quedar contemplando de brazos cruzados esta situación, sino que hay que tomar acción. ”, en el contexto de la propuesta que le realizará a las concejalas y concejales de Cerro Navia.

En el encuentro también participaron las alcaldesas y alcaldes de Maipú, Recoleta, Quinta Normal, Pudahuel, Lo Espejo, San Ramón y Renca, entre otros, quienes también criticaron la propuesta del Gobierno y a los parlamentarios que respaldaron el informe de la Comisión Mixta. El texto deberá ahora ser votado por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, sin posibilidad de incorporar nuevas indicaciones, lo que profundizaría las brechas económicas entre los municipios, según expusieron las autoridades locales.

La vicepresidenta de la ACHM y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, compartió la molestia de Tamayo y cuestionó que la fórmula profundice las desigualdades territoriales, señalando que “mientras Las Condes recibirá más de $13 mil millones, Quinta Normal obtendría $59 millones y comunas como Cerro Navia recibirían apenas $4 millones”.

La fórmula cuestionada propone la exención de contribuciones a la vivienda principal de adultos mayores de 65 años, estableciendo que la Tesorería General de la República (TGR) transfiera a cada municipio los recursos correspondientes a la merma de ingresos que genere la medida, según una estimación anual que deberá realizar el Servicio de Impuestos Internos (SII).