Los diputados Guillermo Ramírez, Sergio Bobadilla, Ricardo Neumann, Mario Olavarría, Jaime Coloma y Eduardo Cretton fueron recibidos en La Moneda por la subsecretaria Constanza Castillo.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto al titular de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla, y el integrante de la misma instancia, Ricardo Neumann, además de los diputados Mario Olavarría, Jaime Coloma y Eduardo Cretton, se reunieron esta mañana con la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, para solicitar que el Gobierno pueda patrocinar un proyecto de ley que ingresarán durante esta jornada y que busca extender la pérdida del beneficio de la gratuidad a los estudiantes universitarios que sean condenados por cometer delitos graves en el país.

Cabe recordar que fue tras la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante su participación en una actividad desarrollada en la Universidad Austral de Chile, que los parlamentarios gremialistas decidieron presentar dicha iniciativa, en sintonía con el proyecto denominado «Escuelas Protegidas» que el Ejecutivo ingresó la semana pasada, el cual recogió una histórica propuesta de la UDI para justamente prohibir a los secundarios condenados por hechos graves acceder a la gratuidad.

En ese sentido, tras la apertura que mostró el Gobierno en torno a extender dicha inhabilidad a los actuales beneficiarios, justamente tras la agresión a la ministra, un grupo de diputados de la Bancada UDI solicitó reunirse con la subsecretaria Castillo, cita que se llevó a cabo esta mañana en La Moneda.

«Agradecemos la disposición del Gobierno para acoger la propuesta que hicimos como Bancada UDI, en el sentido de privilegiar el respeto a los derechos humanos de los estudiantes que sí quieren aprender, y no los supuestos derechos de los violentistas que están destruyendo la educación en nuestro país. Y la propuesta que hicimos es muy sencilla: hacer extensiva la prohibición de entregar cualquier beneficio con recursos fiscales a los estudiantes que sean sancionados estando en la educación superior, porque el proyecto original del Ejecutivo sólo considera a la enseñanza media», sostuvo el diputado y presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla, quien aseguró que el Gobierno «va a incorporar esta propuesta como una indicación o va a patrocinar nuestra iniciativa».

Por su parte, el también integrante de la comisión, Ricardo Neumann, acotó que «la violencia no puede tener cabida en ningún espacio, y menos en las universidades, que debieran ser lugares de diálogo y formación», indicando que «por eso creemos que este proyecto es una señal clara de que Chile no va a tolerar este tipo de conductas», añadiendo que «estamos hablando de una medida de sentido común».

En cuanto a los detalles de la iniciativa, los integrantes de la Bancada UDI explicaron que incorporará una nueva causal de pérdida de la gratuidad, aplicable a aquellos estudiantes universitarios que sean condenados por «delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública”, en concordancia con el proyecto que ingresó la semana pasada el Ejecutivo.

Pero además, los parlamentarios gremialistas también anunciaron el envío de distintas indicaciones a dicha iniciativa, entre ellas una que no sólo busca prohibir el acceso a la gratuidad, sino que también a las becas, créditos y otros beneficios sociales con cargo fiscal a los que pueden acceder los estudiantes.