Un grupo transversal de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana presentó este martes al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, una propuesta con nueve medidas para fortalecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con un objetivo común: evitar que nuevas familias sufran las consecuencias de un sistema que hoy llega tarde frente a adolescentes que reinciden en delitos violentos.

La iniciativa busca perfeccionar la legislación vigente combinando mayor eficacia frente a la reincidencia y los delitos de alta connotación con mejores herramientas de rehabilitación, seguimiento y reinserción, entendiendo que ambas dimensiones son indispensables para reducir la violencia y proteger a la ciudadanía.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, enfatizó que la discusión debe centrarse en quienes hoy enfrentan el mayor riesgo. «Las víctimas son la prioridad. Que nunca más pase algo como lo de San Bernardo. Si tenemos estos principios en común, es tiempo de trabajar rápido, con sentido de urgencia. Hay personas que hoy son potenciales víctimas de delitos y, si no reaccionamos y no cambiamos la ley, probablemente tendremos que volver a decir: ‘Pucha, fallamos, nos equivocamos'», señaló

Sichel agregó que el desafío exige actuar con responsabilidad y dejar de lado las diferencias políticas. «El Estado puede reaccionar, debe hacerlo transversalmente y debe hacerlo ahora. Valoramos que el Gobierno esté trabajando en esta materia, pero también creemos que este debate requiere seriedad. No es momento para el populismo, sino para construir acuerdos que permitan proteger a las víctimas y ofrecer verdaderas oportunidades de rehabilitación a quienes aún pueden reinsertarse».

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, valoró el carácter transversal de la iniciativa y destacó que varias de las propuestas coinciden con las indicaciones que el Ejecutivo prepara para la tramitación de la reforma.

La propuesta considera nueve medidas destinadas a fortalecer el sistema de responsabilidad penal adolescente:

  • Restringir las sanciones en medio libre para delitos violentos. 
  • Establecer un escalamiento efectivo de las sanciones frente a la reincidencia. 
  • Rediseñar el régimen cerrado para mejorar el cumplimiento de las condenas y los procesos de intervención. 
  • Crear planes obligatorios de egreso con seguimiento posterior al cumplimiento de la sanción. 
  • Incorporar mecanismos de participación y protección para las víctimas. 
  • Fortalecer la supervisión del cumplimiento de las condenas. 
  • Implementar un sistema nacional de alerta temprana para adolescentes en riesgo de reincidencia. 
  • Reforzar la articulación con el sistema de protección especializada. 
  • Incorporar el tratamiento del consumo problemático de alcohol y drogas como un componente esencial para prevenir la reincidencia. 

La propuesta fue suscrita por los alcaldes y alcaldesas Camila Merino (Vitacura), Claudio Castro (Renca), Sebastián Sichel (Ñuñoa), Christopher White (San Bernardo), Carol Bown (San Miguel), Javiera Reyes (Lo Espejo), Jaime Bellolio (Providencia), Gustavo Toro (San Ramón), Karina Delfino (Quinta Normal), Isabel Valenzuela (Colina) y Tomás Vodanovic (Maipú).