El Servicio Nacional de Aduanas, a través de la Aduana Metropolitana, presentó una querella por el delito de contrabando reiterado en contra del representante legal de una empresa importadora, tras detectar dos operaciones con mercancías subvaloradas y documentación falsa, que en conjunto superan los $86 millones en valor real de los bienes.

El Director Regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, destacó que “este caso refleja el trabajo coordinado de nuestras distintas unidades. La alerta temprana generada por la Unidad de Inteligencia y Análisis, junto con la labor de fiscalizadores y fiscalizadoras en terreno y el posterior trabajo del área jurídica, permitió levantar antecedentes sólidos y ejercer las acciones correspondientes”.

Agregó que la investigación se originó a partir de alertas de riesgo levantadas por la Unidad de Inteligencia y Análisis, que identificó patrones sospechosos en declaraciones de ingreso presentadas por la empresa Xiyu Internacional SpA. A partir de estas alertas, se activaron procesos de fiscalización que derivaron en revisiones físicas de las mercancías en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

En la primera operación, se declararon 3.263 soportes de celular por un valor FOB de USD 986,99. Sin embargo, tras el aforo físico, los fiscalizadores detectaron 30 bultos con 3.246 unidades de productos diversos, incluyendo accesorios electrónicos, herramientas y artículos de distintas marcas, lo que evidenció inconsistencias sustantivas. Luego del proceso de valoración, Aduanas determinó un valor FOB real de USD 54.839,48, con tributos dejados de percibir por más de USD 11 mil.

En el segundo caso, se declaró la importación de 1.885 productos —entre baterías externas, relojes inteligentes y accesorios— por un valor FOB de USD 4.506,60. No obstante, la revisión permitió detectar descripciones genéricas y falta de información clave para validar las mercancías. Aplicando el método de valoración correspondiente, se estableció un valor FOB real de USD 34.671,15, con impuestos eludidos por más de USD 7 mil.

El modus operandi detectado consistía en declarar mercancías con valores significativamente inferiores a los reales y, una vez iniciados los procesos de fiscalización, presentar facturas modificadas y comprobantes de pago que no correspondían a las operaciones, intentando justificar los montos inicialmente declarados. Estas inconsistencias fueron clave para confirmar la existencia de subvaloración y uso de documentación falaz.

A partir de estos hallazgos, el Servicio Nacional de Aduanas procedió a la incautación total de las mercancías en ambas operaciones y a la denuncia de los hechos. Posteriormente, el Departamento de Defensa Judicial consolidó los antecedentes levantados durante el proceso fiscalizador, permitiendo sustentar la querella presentada.

En la acción judicial, actualmente en tramitación, Aduanas solicita una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, además de una multa superior a $431 millones, equivalente a cinco veces el valor de las mercancías involucradas.

El Servicio Nacional de Aduanas reafirmó que continuará fortaleciendo sus capacidades de análisis de riesgo y fiscalización para detectar este tipo de ilícitos, resguardando el comercio lícito, el correcto pago de impuestos y la transparencia en las operaciones de comercio exterior, fundamentales para el desarrollo económico del país.