La Sala de la Cámara despachó a ley la recalendarización de la instalación del Sistema de Educación Pública, dispuesto en la ley 21.040, del año 2017, tras aprobar el texto remitido por el Senado, sin modificaciones.
La citada ley creó los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), los cuales, gradualmente, debían asumir la administración de los establecimientos educacionales que administraban los 345 municipios del país.
Al día de hoy, señala el proyecto de ley, 169 municipios han traspasado sus establecimientos y la mitad de los SLEP están en régimen y faltarían 12 por instalar.
En tal sentido, el proyecto faculta al Presidente de la República para recalendarizar -por una única vez- la segunda etapa de instalación e implementación de los SLEP que no hayan entrado en funcionamiento antes del 1 de enero de 2027. No obstante, el nuevo plazo no podrá exceder su entrada en funcionamiento con posterioridad al 31 de diciembre de 2030.
Además, las municipalidades y corporaciones municipales podrán solicitar, con excepcionalidad, continuar con la administración de sus establecimientos y pedir la postergación del traspaso al Servicio Local respectivo.
Para ello, se deberán acreditar cuatro requisitos copulativos, dos de carácter financiero obligatorios y dos de calidad pedagógica: que la evolución del total de la matrícula de los establecimientos que administra, en los seis años previos, ubique a la municipalidad o corporación dentro del 50% de mejor desempeño a nivel regional para dicho índice, o que la asistencia promedio durante los últimos tres años, sea de al menos un 90%.
Los diputados Ricardo Neumann y Pier Karlezi, entregaron a la Sala los informes de las comisiones de Educación y Hacienda, respectivamente. Intervinieron, posteriormente, Cristian Contreras, Marcos Barraza, Eduardo Cretton, Emilia Schneider, Joanna Pérez; Luis Malla, Ignacio Urcullú, Carlos Carvajal, Sara Concha, Héctor Barría; Germán Verdugo, Hotuiti Teao, Tatiana Urrutia, Daniela Serrano y Juan Carlos Beltrán.
En el debate se criticó la ley que creó los SLEP porque en sus años de funcionamiento no habría demostrado mejores resultados educativos. También se afirmó que los SLEP han funcionado como pagadoras de favores políticos y no en servicio de los niños. Asimismo, se criticó que aunque los municipios hacen bien su trabajo en esta área, igualmente deben entregar los establecimientos a servicios que no aseguran calidad.
En la posición en contra se planteó que esta postergación provoca inequidades territoriales ya que afecta a comunas que hoy enfrentan dificultades económicas y que deberán seguir a cargo de los establecimientos; mientras que las excepciones favorecen a comunas con mejores condiciones financieras. Igualmente se criticó que se recorten recursos para la educación pública, no se apoyen recursos para su infraestructura y, por otro lado, se plantee postergar la instalación de los SLEP.