A solo un día de que Luis Maldonado deje sus funciones como conservador del Registro de Propiedad, Comercio y Aguas de Santiago, un oficio dirigido a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones da cuenta que hasta este jueves Maldonado no ha entregado antecedentes ni información sobre el proceso de traspaso de los registros a quién lo sucedería temporalmente en el cargo.

Maldonado, de 81 años, debe cesar en el cargo este viernes 2 de octubre por la aplicación del límite de 75 años establecido en la reforma al sistema notarial y registral para quienes anteriormente se encontraban exceptuados de esa causal de salida.

El cese se produce mientras Maldonado mantiene distintas acciones judiciales para intentar evitar su salida. En abril presentó, junto a la notaria Linda Bosch, un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue declarado inadmisible. Posteriormente, insistió acudiendo a la justicia civil e invocando la Ley Zamudio, causa que derivó en un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

La semana pasada, además, su defensa volvió a solicitar al TC que suspendiera provisionalmente el acto administrativo que materializaría su cese. Sin embargo, la suspensión decretada previamente por esa magistratura alcanzó a la causa civil y no a la aplicación de la norma que establece su salida del cargo.

En ese contexto, el conservador de Registro de Hipotecas y Gravámenes, Carlos Miranda envió este 1 de octubre un oficio a la fiscal judicial, Macarena Troncoso López, en el que aborda el procedimiento que debería seguirse una vez producido el cese de Maldonado.

El documento explica que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago constituye un solo Oficio Conservatorio integrado por tres conservadores y que, de acuerdo con el artículo 449 del Código Orgánico de Tribunales, ante la falta o inhabilidad de uno de ellos corresponde que sea reemplazado por los restantes según su orden de antigüedad.

De aplicarse esa disposición, Miranda señala que se encontraría en situación de asumir transitoriamente las funciones correspondientes al Registro de Propiedad, Comercio y Aguas y al Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar.

En el mismo oficio, Miranda recuerda que el artículo 11 de la Ley del Registro Conservatorio de Bienes Raíces obliga al conservador que cesa en sus funciones a realizar una entrega formal a quien deba sucederlo, manteniendo su responsabilidad mientras ese procedimiento no se haya efectuado.

La normativa establece además que el traspaso debe realizarse mediante un inventario formal, del cual debe remitirse una copia autorizada a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Sin embargo, a un día del cese de Maldonado, Miranda aseguró que no ha recibido antecedentes sobre ese proceso.

“A la fecha, no he recibido información ni antecedentes relativos al proceso de entrega y traspaso de los registros antes señalados, ni se me ha comunicado la forma en que se dará cumplimiento a las obligaciones legales que resulten aplicables con ocasión del cese referido”, señala el documento.

Miranda advirtió que la situación reviste especial importancia debido a “la naturaleza y volumen de los registros, libros y otros antecedentes involucrados”, además de la necesidad de asegurar la continuidad en la prestación del servicio y evitar incertidumbres o entorpecimientos en sus funciones.

Finalmente, el conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes se puso a disposición de la fiscal judicial para recibir instrucciones y colaborar en las actuaciones necesarias para materializar el eventual traspaso, el que se mantiene en incertidumbre por causa de Luis Maldonado.