En una ceremonia realizada en la Contraloría General de la República, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, encabezó la Cuenta Pública Participativa 2026 de la institución, oportunidad en la que presentó los principales resultados de la gestión 2025 y expuso la hoja de ruta que marcará el trabajo institucional durante este año.  

Durante su exposición, la autoridad destacó el trabajo desarrollado por la Superintendencia en materias de orientación, atención ciudadana, fiscalización y resguardo de los recursos públicos. Entre los principales resultados de 2025, relevó que la institución recibió más de 22 mil denuncias ciudadanas, un 18% más que el año anterior, y realizó 20.286 acciones de fiscalización en establecimientos educacionales de las 16 regiones del país.  

Sin embargo, el principal foco de la Cuenta Pública estuvo puesto en los desafíos de 2026, especialmente en la implementación del Plan de Desburocratización, una agenda institucional que busca avanzar hacia una Superintendencia más cercana, orientadora y eficiente, disminuyendo exigencias administrativas y fortaleciendo el acompañamiento a las comunidades educativas.  

La ministra de Educación, María Paz Arzola, quien asistió a la ceremonia y se refirió a las metas de desburocratización, comentó que “se trata de tener un ministerio que facilite el trabajo de las comunidades educativas y que también las apoye, para que puedan concentrarse en lo más importante, que es la enseñanza y que los niños aprendan. Desde la Superintendencia de Educación han acogido este llamado y hay elementos concretos que así lo demuestran. Este no es un proceso rápido ni fácil, pero vemos avances positivos que deben reforzarse y profundizarse”. 

En este contexto, la Superintendencia identificó que actualmente el sistema educativo convive con 3.092 obligaciones normativas. Si bien estas regulaciones cumplen un rol fundamental en el resguardo de los derechos de estudiantes y comunidades educativas, su acumulación ha significado una creciente carga administrativa para sostenedores, equipos directivos y docentes. “Queremos una Superintendencia cada vez más cercana, orientadora y eficiente, que entregue respuestas oportunas a las comunidades educativas y que facilite el cumplimiento de la normativa. Nuestro desafío es resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también acompañar a quienes día a día tienen la responsabilidad de educar”, señaló la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola. 

Frente a este escenario, la institución impulsó un proceso de revisión de sus procedimientos, criterios y regulaciones con el objetivo de simplificar trámites, eliminar duplicidades y hacer más eficiente la relación entre los establecimientos educacionales y el Estado. De este trabajo surge el Plan de Desburocratización 2026, una hoja de ruta que orientará el quehacer institucional durante los próximos años.  

Los seis ejes del Plan de Desburocratización 2026 

Más tiempo para educar 

·Revisión y simplificación de procesos institucionales. 

·Eliminación de requerimientos redundantes y duplicidades administrativas. 

·Actualización normativa para adecuar criterios a la nueva Ley de Convivencia Educativa. 

·Simplificación de procedimientos de denuncias y atención de casos urgentes.  

Fiscalización con sentido 

·Implementación de un modelo de fiscalización más formativo y orientador. 

·Plan Nacional de Fiscalización 2026, donde el 70% de los programas tiene carácter preventivo y de acompañamiento. 

·Fortalecimiento del rol orientador de los equipos fiscalizadores. 

·Apoyo a establecimientos durante la implementación de la nueva normativa de convivencia escolar.  

Dialogar es lo primero 

·Potenciación de mecanismos de Gestión Colaborativa de Conflictos. 

·Fortalecimiento de procesos de conciliación y mediación. 

·Promoción de soluciones tempranas para evitar la escalada de conflictos. 

·Impulso al Formulario de Contacto Directo para favorecer la activación de protocolos institucionales.  

Supereduc te acompaña 

·Desarrollo de un plan nacional de acompañamiento a establecimientos educacionales. 

·Capacitaciones periódicas para equipos directivos y comunidades educativas. 

·Fortalecimiento del programa de buenas prácticas y del PANEP en educación parvularia. 

·Incremento de la presencia institucional en terreno y en regiones.  

Capacitar también es fiscalizar 

·Ampliación de la oferta formativa en normativa educacional. 

·Seminarios y capacitaciones sobre la nueva Ley de Convivencia Educativa. 

·Formación en gestión colaborativa de conflictos y medidas de seguridad escolar. 

·Identificación participativa de necesidades de capacitación en las comunidades educativas.  

Normativa Simple 

·Elaboración de un Reglamento Interno Tipo para establecimientos educacionales. 

·Desarrollo de herramientas y guías prácticas de fácil aplicación. 

·Incorporación de la Superintendencia a la Red de Lenguaje Claro Chile. 

·Fortalecimiento de alianzas con instituciones de educación superior para promover el conocimiento de la normativa educacional.  

Al cierre de la actividad, Pamela Adriazola reafirmó que la convivencia educativa seguirá siendo uno de los principales desafíos del sistema y sostuvo que la Superintendencia continuará ejerciendo con firmeza su rol, fortaleciendo al mismo tiempo su labor de orientación y acompañamiento a las comunidades educativas de todo el país. 

“Detrás de cada fiscalización hay una comunidad educativa que espera una respuesta. Y detrás de cada denuncia hay una familia que necesita ser escuchada. Por eso, proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes no es solo nuestro trabajo; es el propósito que nos mueve”, expresó la autoridad.