Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 13 de julio recién pasado– analizó el contenido del proyecto de ley que “sanciona las acusaciones falsas en materia laboral y modifica el Código Penal y el Código del Trabajo del modo que indica”. Informe que fue remitido a la presidencia del Senado al día siguiente.
“En conclusión, el proyecto de ley analizado tiene como fundamento el corregir el uso abusivo de las herramientas procesales laborales para proteger la presunción de inocencia y el derecho a la honra de todas las partes involucradas”, plantea el informe.
Para el pleno de ministros: “El proyecto presenta una nomenclatura confusa y contradictoria, utilizando términos como ‘falsedad’, ‘temeridad’, ‘malicia’ y ‘calumnia’ de forma indistinta y sin una definición estandarizada. Más aun, yerra con la mención a la figura de la ‘querella’, la cual no existe procesalmente en el ámbito laboral”.
“Por otra parte, el proyecto es incongruente en la definición de los criterios para declarar la falsedad o temeridad: mientras el artículo 2° propone un criterio únicamente subjetivo (conocimiento de la falsedad o negligencia), el artículo 3 se basa en un criterio objetivo (falta de acreditación de los hechos en juicio) y otro referido a la falsedad demostrada. Se explicó que es inadecuada la utilización del criterio objetivo, pues a los demandantes se los haría responsables de ejercer de buena fe un derecho fundamental, debilitando sobremanera el derecho a tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. En cambio, el criterio subjetivo permite sancionar el ejercicio abusivo del derecho de acción sin desalentar el acceso legítimo a la jurisdicción”, releva.
“Asimismo, la iniciativa presenta graves errores en la estructuración de la vía judicial para sancionar estas conductas. El proyecto sugiere tramitar la solicitud como un ‘incidente de previo y especial pronunciamiento’, lo cual es técnicamente incorrecto, ya que no se trata de una cuestión accesoria, sino de un asunto nuevo y sustantivo que surge tras una sentencia firme. Asimismo, el uso del juicio monitorio se considera inadecuado, debido a que este procedimiento está diseñado para causas de baja cuantía y mínima controversia, y no para asuntos indeterminados y que conllevan una serie de efectos penales y contractuales”, advierte la Corte Suprema.