La Sesión Especial del Senado dio continuidad al análisis sobre los niños, niñas y adolescentes (NNA) haitianos que ingresaron a Chile bajo la figura de reunificación familiar.

El debate se centró en la vulnerabilidad detectada tras el preinforme de la Contraloría que alertó sobre 105 menores, de los cuales 64 no habían sido localizados inicialmente. 

Esto, argumentaron transversalmente, “dejó en evidencia la brecha institucional y la insuficiente interoperabilidad entre los organismos del Estado”; más aún, algunas voces acusaron una «inacción» del Estado, “como el corazón del asunto”.

Con todo, se valoraron los esfuerzos que terminaron con la localización de los menores “en buenas condiciones” y “con sus familias”.

Asimismo, puntualizaron como vital el “seguimiento” de los ingresos y las “condiciones” que debe asegurar el Estado para recibir menores.

“Lo importante -se agregó- es elevar estándar”, a través de la tramitación de una serie de mociones, entre otras, la que modifica la Ley de Migración y Extranjería, en materia de acreditación de requisitos de los procedimientos migratorios (17464-06) y la referida a requisitos en procedimientos de reunificación familiar que involucren a NNA (boletín 18377-06).

Adicionalmente, se anunció una moción para otorgar mayores facultades a la Defensoría de la Niñez.

“Aunque se hayan encontrado los menores, el caso no puede cerrarse sin garantizar que el Estado de Chile tenga la capacidad real de proteger a cada niño y niña que confía en sus procesos migratorios”, se sentenció.

En la oportunidad intervinieron las y los senadores Andrea Balladares, Beatriz Sánchez, Ignacio Urrutia, Matías Walker, Karim Bianchi, Esteban Velázquez, Ximena Ordenes, Vanessa Kaiser, Javier Macaya, Miguel Ángel Calisto, Iván Flores, Andrés Longton, Alejandro Kusanovic, Yasna Provoste y Paulina Núñez.

AUTORIDADES

La sesión comenzó con la intervención de los ministros del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; de Desarrollo Social y Familia María Jesús Wulf; de RR.EE. (S) Patricio Torres; de Seguridad Pública, Martín Arrau; de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; además del Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille; el director nacional del INDH, Yerko Ljubetic; y el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.

Desde el Ejecutivo se constató el trabajo de una “fuerza de tarea” fundada en la localización y verificación de los menores, la  identificación del universo más amplio de NNA haitianos que ingresaron al país mediante vuelos chárter entre los años 2022 y 2025, en contexto de reunificación familiar; la consolidación e implementación del protocolo para la protección de derechos en contextos de movilidad humana; y la elaboración de propuestas de corto plazo para evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir.

En esta línea, entre los compromisos declarados por la ministra Wulf están “seguir trabajando hasta verificar la situación de NNA; trabajar por consolidar trazabilidad institucional; y avanzar en dejar instaladas medidas permanentes para que el Estado no vuelva a operar con información fragmentada, cuando se trate de NNA”.

El Canciller (S) reportó que no contamos con gestión consular en Haití, por lo que el presidente de la República mandató el envío de profesionales para regularizar las legalizaciones de documentos.

Las autoridades institucionales hicieron notar que se deben poner los acentos en los denominados “niños pasaportes” que ingresan captados por bandas, por pasos no habilitados, y se adelantó que se han endurecido los mecanismos de verificación de acompañantes.