La Universidad de La Serena fue escenario de una jornada de capacitación centrada en el uso y alcance del Manual de Acceso a la Justicia Ambiental, desarrollada en el marco de un convenio de colaboración con el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. La actividad reunió a estudiantes, académicos y profesionales del área jurídica y ambiental, consolidando este espacio académico como un punto de encuentro para el análisis de temas contingentes.

Durante la jornada, se abordaron los principales contenidos del manual, destacando su utilidad como herramienta de apoyo para interpretar la regulación vigente y facilitar la consulta de información técnica y jurídica. La presentación estuvo a cargo de la académica del Depto. de Cs Jurídicas USerena. Tamara Pinto, y del ministro del Primer Tribunal Ambiental, Marcelo Hernández, quienes compartieron orientaciones prácticas sobre su aplicación.

La actividad se desarrolló como parte de un ciclo de capacitaciones orientadas a fortalecer el conocimiento en torno al derecho ambiental y su aplicación práctica, en el contexto del cumplimiento del Acuerdo de Escazú, compromiso internacional asumido por Chile para garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en materias ambientales.

La académica Tamara Pinto Ochoa explicó que esta instancia forma parte de un trabajo sostenido entre la universidad y el tribunal, destacando que el objetivo es aportar desde el ámbito académico al desarrollo de la jurisdicción ambiental y generar espacios de participación especializados. Asimismo, indicó que “el manual responde a una obligación internacional del Estado de acercar la justicia ambiental a la ciudadanía, lo que implica traducir estos contenidos en herramientas accesibles para las personas”.

En esa línea, el director del Departamento de Ciencias Jurídicas, Christian Merino, relevó que la universidad cumple un rol clave como espacio de transmisión de conocimientos hacia la comunidad. Señaló que este tipo de actividades “permiten que los saberes no queden restringidos a ámbitos especializados, sino que puedan ser comprendidos y difundidos ampliamente, especialmente a través de los propios estudiantes de distintas disciplinas”.

La rectora, Dra. Luperfina Rojas, destacó que la realización de esta capacitación se enmarca en un convenio de colaboración vigente desde 2018 entre la Universidad de La Serena y el Primer Tribunal Ambiental, el cual ha permitido desarrollar diversas instancias de capacitación y difusión tanto para estudiantes como para autoridades. En ese contexto, valoró que el lanzamiento del manual “contribuya a informar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes, ampliando el acceso al conocimiento y promoviendo una mayor comprensión de la justicia ambiental”.

Por su parte, el ministro Marcelo Hernández, subrayó la relevancia de realizar este tipo de jornadas en espacios universitarios, señalando que estos permiten un diálogo abierto entre distintos actores, incluyendo academia, sector público, empresas y comunidad. Destacó además que el manual “está dirigido a un público amplio, incluyendo organizaciones sociales, municipios, productores y ciudadanía en general, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia ambiental y promover un desarrollo que considere a los territorios y sus comunidades”.


El ministro también valoró el carácter descentralizado de la instancia, considerando la amplia cobertura territorial del tribunal, y señaló que este tipo de instancias permiten acercar su trabajo a las regiones y fortalecer el vínculo con actores relevantes como la Universidad de La Serena. Asimismo, manifestó la intención de seguir ampliando las acciones conjuntas en el marco del convenio, incluyendo iniciativas como clínicas jurídicas, investigaciones y trabajos académicos vinculados a la justicia ambiental.

Desde la experiencia estudiantil, Martín Monreal, alumno de la carrera de Derecho, valoró la actividad como una oportunidad para conocer en mayor profundidad los derechos vinculados al medio ambiente, destacando especialmente la posibilidad de comprender el alcance del derecho a vivir en un entorno libre de contaminación y el rol de las instituciones encargadas de resguardarlo.

La iniciativa permitió, además de la presentación del manual, la generación de un espacio de conversación y aprendizaje en torno a la normativa ambiental vigente.