El Ministerio Público acogió esta jornada la denuncia presentada por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos del Partido Socialista, para que se investiguen eventuales delitos revelados en conversaciones entre los abogados Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, recientemente nombrado embajador de Chile en Israel por el gobierno de José Antonio Kast.
Zaliasnik fue parte del círculo de abogados que se coordinaba con Hermosilla en causas sensibles vinculadas al segundo gobierno de Sebastián Piñera. Los antecedentes que sustentan esta denuncia surgen de publicaciones periodísticas con respaldo documental del medio Reportea.
Los antecedentes incluidos en la denuncia, ingresada el pasado lunes 8 de junio, apuntan a eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.
Entre los hechos denunciados figuran una solicitud explícita para acceder a gastos reservados del Estado con el objeto de financiar una defensa penal privada; gestiones de honorarios a través de la entonces presidenta del directorio de ENAP, en paralelo a un contrato con esa misma empresa estatal en 2020; intervención en nombramientos judiciales y solicitudes de fallos favorables; además de pedidos de interceptación de teléfonos y seguimientos ilegales contra dirigentes políticos de oposición, sin orden judicial.
Al respecto, la senadora Daniella Cicardini señaló que “las revelaciones del Caso Hermosilla que involucrarían al nuevo embajador en Israel apuntan a hechos gravísimos: eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones sobre el Poder Judicial y espionaje político. Eso sí daña la democracia y la confianza en las instituciones. Por eso presentamos esta denuncia, para que estos hechos se investiguen”.
En esa línea, el diputado Daniel Manouchehri afirmó que “las conversaciones entre Hermosilla y Zaliasnik no son un simple chat privado. Revelan presuntos usos de recursos públicos, influencias en jueces y espionaje político para proteger a los suyos y perseguir adversarios. Esto es demasiado grave para quedar reducido a una explicación comunicacional”.
Manouchehri agregó que “el gobierno debe explicar por qué nombró embajador a una persona vinculada a antecedentes de esta gravedad. Eso no es un error de criterio, es un patrón”.
Ambos parlamentarios han impulsado querellas, denuncias ante Fiscalía, oficios fiscalizadores y acusaciones constitucionales contra magistrados vinculados a distintas aristas del Caso Hermosilla y a la denominada trama de la Muñeca Bielorrusa. Estas acciones han contribuido a abrir investigaciones, exponer redes de tráfico de influencias y avanzar en responsabilidades políticas e institucionales al interior del Poder Judicial.